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Crecer sin invertir: un camino al fracaso

Edwin Maldonado

Las economías que sostienen altas tasas de crecimiento son aquellas que más invierten, porque amplían su capacidad productiva, incorporan tecnología y generan empleo de calidad. Colombia, sin embargo, está recorriendo el camino contrario.

En 2025, la economía creció 2,6%, un desempeño mediocre frente a su potencial. Pero lo más preocupante no es cuánto creció, sino cómo. La composición del crecimiento revela un problema.

El consumo final aumentó 4,2%; el gasto de los hogares llegó al 76,8% del PIB y el gasto público crece por encima del 7%, representando cerca de 18% del PIB. En contraste, el sector privado apenas crece 1,8%; la formación bruta de capital avanzó 2,1% -y la fija solo 1,3%-, con una tasa de inversión cercana a 16% del PIB, la más baja en dos décadas y muy por debajo del promedio de 20% observado en este siglo.

Este contraste debería encender todas las alarmas: el gasto del Estado supera hoy a la inversión en cerca de dos puntos del PIB. El país pasó de apalancarse en la acumulación de capital a depender del consumo y del Estado. No es un cambio menor: es una transformación en la lógica del crecimiento.

El deterioro también se refleja en el frente externo. La inversión extranjera directa cayó 33,2% frente a 2022, pasando de US$17.182 millones a US$11.469 millones en 2025. Ese mismo año, Colombia registró un déficit comercial de US$16.377 millones, el mayor en más de medio siglo. Es la señal de una economía que consume más de lo que produce y que invierte cada vez menos en su capacidad productiva. El presidente Gustavo Petro ha sostenido que la vivienda no es inversión o que la caída de la inversión se explica únicamente por las tasas del Emisor, intentando desviar el debate. Pero incluso excluyendo la vivienda -lo cual no es técnicamente correcto-, la debilidad de la inversión sigue siendo evidente. Y el costo del crédito no depende solo del emisor: el deterioro fiscal, el aumento acelerado de la deuda -que pasó de $804 billones a $1.192 billones bajo este gobierno- y la rebaja de la calificación de riesgo han encarecido el capital.

El problema de fondo es la pérdida de confianza. Desde el inicio, este gobierno envió señales de incertidumbre que frenaron decisiones de inversión y, con el tiempo, esas señales se convirtieron en hechos.

La reforma tributaria de 2022 aumentó la carga y eliminó incentivos clave. Paradójicamente, terminó recaudando menos de lo proyectado, una señal de que la estrategia fue contraproducente. En lugar de corregir, el Gobierno profundizó lo que denomino “desespero fiscal”: una carrera por exprimir recursos de la economía para sostener el gasto, recurriendo a vigencias futuras, recursos de fondos y nuevos mecanismos de recaudo.

A esto se suma un deterioro institucional: estigmatización del sector privado, intentos de reformas tributarias vía decreto, ataques al Banco de la República y decisiones como la salida de mecanismos internacionales de arbitraje, que debilitan la confianza y la seguridad jurídica.

El problema de Colombia no es solo que esté creciendo poco; es que está creciendo mal: consumiendo el crecimiento de hoy a costa del de mañana. Un crecimiento basado en consumo, gasto público y deuda, pero sin inversión, no es sostenible.

El próximo gobierno deberá retomar el camino hacia un crecimiento sostenible, recuperar la credibilidad, estabilizar las reglas de juego y generar incentivos adecuados para la inversión privada, entendiendo que la empresa no es el problema, sino parte de la solución: es quien invierte, genera empleo y dinamiza la economía.

Colombia necesita inversión estratégica que complemente las cadenas productivas, eleve la productividad y genere empleo de calidad.

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