Petro deja al Valle sin tren y sin aeropuerto

Lo que hoy ocurre con el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón no es un hecho aislado. Es la confirmación de un patrón: el mismo que ya vivimos con el Tren de Cercanías. Durante años, el Valle del Cauca estructuró este proyecto, avanzó en estudios y consolidó una iniciativa estratégica. Sin embargo, por falta de voluntad política del Gobierno nacional, no recibió el respaldo definitivo y quedó en el limbo.

Hoy vemos lo mismo con el aeropuerto. Desde el inicio de este gobierno, todo estaba listo para avanzar en una nueva concesión que permitiera modernizar el Alfonso Bonilla Aragón, convertirlo en una terminal de talla mundial y fortalecer la conectividad. Pero, en lugar de avanzar, el cronograma se aplazó una y otra vez hasta que venció la concesión y la Aerocivil asumió su administración. No fue un accidente. Fue una decisión.

Se nos dijo que esta operación sería temporal, mientras se adjudicaba una nueva concesión. Incluso se anunció que saldría a finales del año pasado. Hoy, siete meses después, no hay prepliegos, no hay cronograma ni fechas. En cambio, se anuncia una inversión de $215.000 millones entre 2026 y 2030, una cifra marginal frente a las necesidades reales del aeropuerto, que superan los $4 billones y podrían generar más de 10.000 empleos. Esto no solo es insuficiente; es contradictorio, pues incluye obras que deberían ejecutar los concesionarios, generando incertidumbre y alejando inversionistas.

A esto se suma un hecho preocupante: durante la operación “temporal” se prometieron cerca de $90.000 millones, pero en siete meses apenas se han ejecutado alrededor de $13.000 millones. Además, empiezan a conocerse denuncias sobre fallas en mantenimiento, deterioro de la infraestructura y posibles afectaciones a sistemas críticos que no han sido aclaradas. Nos dijeron que la Aerocivil tenía la capacidad; hoy la realidad genera dudas.

Pero este problema va más allá de un aeropuerto o de un tren. Es el reflejo del lugar que ocupa el Valle del Cauca en las prioridades nacionales. El Valle representa cerca de 10% de la economía del país y, sumando impuestos, aduanas y contraprestaciones, podría aportar alrededor de 12% de los ingresos nacionales. Sin embargo, recibe menos de 5% del Presupuesto General de la Nación. Y la tendencia es preocupante: pasamos de 5,5% en el segundo gobierno Santos, a 5,3% con Duque y hoy a cerca de 4,9%. Es decir, cada vez aportamos más… y recibimos menos.

Este maltrato no es exclusivo de este gobierno; es un problema estructural. En este siglo, solo hay dos grandes proyectos financiados con recursos nacionales. Entre 2012 y 2022, cuando se registró la mayor inversión en infraestructura en la historia del país con las 4G, el Valle recibió apenas 3% de los cerca de $100 billones ejecutados. Incluso los proyectos 5G actuales se financian principalmente con peajes.
Sin embargo, esto no exime la responsabilidad actual; por el contrario, la agrava. Este gobierno tuvo la oportunidad de cambiar esa historia y no lo hizo. A lo del tren y el aeropuerto se suma el freno a la vía Mulaló-Loboguerrero y el rezago en la profundización del dragado de Buenaventura. Si antes los avances eran lentos, hoy hay un claro estancamiento.

El Valle del Cauca no puede seguir siendo tratado como un actor secundario en la agenda nacional. No puede ser que una de las regiones más importantes del país siga viendo cómo sus proyectos estratégicos se aplazan o se diluyen.

Ojalá el próximo presidente entienda la importancia de la región. Pero, independientemente de quién sea, necesitamos liderazgo, articulación y, sobre todo, unión para sacar adelante los proyectos que pueden transformar nuestra competitividad, generar empleo y cerrar brechas sociales.