Desde su campaña, el presidente Abelardo de la Espriella ha insistido en que Colombia debe dejar de gobernarse desde Bogotá. Sus recorridos y el diálogo con alcaldes y gobernadores muestran la intención de acercar el gobierno a los territorios. Queda una pregunta: ¿esa presencia se traducirá en una verdadera descentralización del poder y los recursos?

El Presupuesto General de la Nación para 2027 ofrece un punto de partida. No para juzgar a un gobierno que apenas comienza, sino para identificar las transformaciones que deberá impulsar.

El presupuesto alcanza los $634,9 billones, cerca de 16% más que el aprobado inicialmente para 2026, en una situación fiscal compleja: el escenario actualizado contempla un déficit de hasta 9,4% del PIB en 2027 si no se adoptan ajustes. El gobierno anunció una Ley de Rescate Económico y conversa con el FMI. Además, las diferencias entre los textos de Senado y Cámara llevaron a anunciar su expedición por decreto, retomando la versión de primer debate.

Más allá de esa discusión, ¿qué lugar ocupan las regiones? Según esa versión, la inversión sería de $86,96 billones, apenas 13,7% del total. En 2024 representaba 19,1% y en 2026, 16,2%. El Estado administra un presupuesto cada vez mayor, pero con proporcionalmente menos recursos para invertir.

El segundo indicador es la regionalización. Entre 2015 y 2018, cerca de 80% de la inversión tenía destinación territorial identificada; hoy fluctúa entre 74% y 77%. Para 2027 se contemplan $63,82 billones regionalizados, 73,4% de la inversión. Combinados, ambos indicadores muestran que la inversión regionalizada pasaría de cerca de 12% del presupuesto en 2026 a alrededor de 10% en 2027. No es todo lo que reciben los departamentos, pero sí la inversión con destino regional identificado.

Ahora bien, regionalización no es descentralización. Que un ministerio financie una carretera o un colegio no significa que la gobernación tenga mayor autonomía sobre esos recursos. Descentralizar implica distribuir competencias, recursos y capacidad efectiva de decisión, con instituciones territoriales preparadas. Buena parte de lo que reciben los territorios son transferencias para obligaciones preestablecidas, y la inversión sigue dependiendo de los ministerios. Alcaldes y gobernadores terminan siendo gestores de recursos ante el gobierno central, más que responsables del desarrollo de sus territorios.

Los problemas son conocidos: baja ejecución, falta de coordinación, proyectos mal estructurados y debilidades técnicas. Son reales, pero no pueden ser excusa permanente para el centralismo; se enfrentan con acompañamiento técnico y estímulos a la eficiencia y la transparencia.

Es relevante que el presidente haya planteado trasladar funciones a los departamentos. Pero desconcentrar no es descentralizar: se pueden trasladar oficinas y funcionarios a las regiones y mantener las decisiones presupuestales en Bogotá. El verdadero cambio exige que las regiones definan sus prioridades y administren sus recursos, lo que pasa por el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, la distribución de competencias y la reforma al Sistema General de Participaciones. Y descentralizar sin financiación suficiente puede trasladar problemas a los territorios y ampliar la brecha entre quienes tienen capacidad institucional y quienes apenas sostienen sus servicios básicos.

El presupuesto de 2027 es un punto de partida, no un veredicto. Las cifras no muestran aún un cambio importante en la inversión regionalizada. La prueba estará en las reformas, la financiación y los resultados de los próximos años.

Colombia necesita un presidente que conozca sus regiones, pero también un Estado que les permita decidir: para que las iniciativas se sueñen desde ellas, se estructuren de manera concertada y se ejecuten de forma eficiente en beneficio de los territorios.