El presidente Petro y su gobierno han puesto el país a conversar de temas clave que desde hace mucho no aparecían en la esfera pública y política: los derechos sociales.

La idea dominante de que, a pesar de las disposiciones constitucionales sobre derechos fundamentales, sólo los grandes temas económicos se discutían a diario y la lejanía de la mayoría del Congreso con la realidad o las necesidades nacionales redujeron el diseño de políticas públicas a personas o instituciones especializadas. Casi siempre se excluyó a la sociedad civil o a movimientos sociales como el sindicalismo.

Como lo afirmábamos en nuestra columna anterior, el debate público sobre el trabajo como derecho también se redujo a expertos economistas o abogados de la misma corriente ideológica dominante en aquella época. La última reforma laboral (ley 789 del 2002) se aprobó hace 21 años, el gobierno de la época justificó está ley en que impulsaría a gran escala la generación de empleo y hubo escasa deliberación pública con las consecuencias conocidas. Sus propósitos confesados no se lograron, los ocultos sí.

Mientras tanto, sobre los derechos colectivos en el trabajo, el derecho a sindicalizarse, poco se conoce, no hay mucha información pública y sencilla disponible, no hay cursos sobre estos derechos fundamentales y humanos en instituciones de formación para el trabajo (salvo el SENA), universidades o educación secundaria. Lo que si se produce a diario es desinformación y estigmatización.

Y desde la expedición de la Constitución, el Congreso y los gobiernos pasados se negaron a desarrollarla como se les ordenó, han sido decisiones de las cortes de cierre las que han actualizado parcialmente el derecho interno con las normas y recomendaciones internacionales.

Se ha mencionado otro problema en medio del debate actual y es lo que han llamado “cultura del incumplimiento de la norma laboral” y, cuál debería ser el papel de la inspección del trabajo para superarla. Algunas personas proponen con razón que además de aprobar leyes debería hacerse lo posible para que la inspección laboral funcione y proteja con eficacia derechos laborales.

La Reforma Laboral que se presentará al Congreso incluye normas para incentivar el respeto de las normas del trabajo y sancionar a las personas que las infrinjan. El endurecimiento de la sanción moratoria, el reintegro en situaciones de intermediación laboral ilegal, un procedimiento sumario de protección para proteger derechos sindicales acompañado de sanciones a los infractores y la ampliación de la prescripción en materia laboral. Dichas normas, deben complementarse con el sistema de prevención, inspección, vigilancia y control que ha sido históricamente débil y necesita herramientas y recursos materiales como quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo.

La nómina actual de inspectores es menor de la que recomienda la Organización Internacional del Trabajo. Necesitamos más recursos físicos, capacitación y herramientas. El procedimiento administrativo sancionatorio vigente es largo, dispendioso, riguroso en exceso y no garantiza el cumplimiento eficaz de la norma laboral. Estamos trabajando en ello.

La transformación productiva y las nuevas formas de organización del trabajo también demandan un necesario rediseño de la inspección laboral, necesitamos la ayuda de la tecnología, de la inteligencia artificial y aprovechar las bases de datos que reposan en todo el Estado para poder garantizar la rápida verificación del incumplimiento, su investigación y sanción y así contribuir con la formalización derivada del incumplimiento de la ley laboral. Muchos empleadores simplemente pagan la sanción y el incumplimiento se mantiene, eso no puede ocurrir y debemos corregirlo haciendo seguimiento.

Cuando llegamos al Viceministerio encontramos una congestión desbordada de procesos. Miles de casos a punto de caducar y otros habían expirado por el paso del tiempo. Encontramos un grave problema de denegación de justicia para las personas que trabajan. Peor aún, centenares de sanciones sin cobrar. Hemos efectuado una exhaustiva revisión de casos, trabajado para sistematizar y digitalizar expedientes para que los procesos administrativos que adelantamos sean transparentes y disponibles para la ciudadanía como ocurre en la rama judicial. Queremos aprovechar sistemas públicos de información para cruzar datos y anticipar las infracciones. Hemos fortalecido nuestra capacidad institucional para cobrar las multas y estamos adelantando un ambicioso plan de descongestión. También hemos orientado nuestros planes de inspección, no se trata de cuántas visitas hacemos al año sino en qué terminan esos procedimientos.

Quienes buscan nuestra ayuda son mayoritariamente trabajadores vulnerables que denuncian ante el ministerio casos de descuentos de nómina no autorizados, el impago de salarios o de la seguridad social. Otro número elevado de querellas corresponden a organizaciones sindicales que se radican y mueren en los anaqueles. Es necesaria la acción del Ministerio indudablemente, pero los sindicatos también deben moverse, hacer seguimiento, exigir resultados, que usen nuestras circulares, que visiten a los inspectores, alleguen pruebas y dinamicen procesos. Los sindicatos no pueden simplemente esperar, deben impulsarlos, mostrar interés. Muchos de estos casos los hemos abordado directamente en mi despacho con espacios de diálogo social en donde hemos llegado a importantes acuerdos. Lo mismo debe suceder en las regiones.

Con el liderazgo público de la señora Ministra, nuestra firme decisión de proteger a la parte más débil de la relación laboral y la promoción que estamos haciendo del derecho de asociación sindical como forma de autotutela de derechos en el trabajo, muchas empresas han mejorado sus prácticas, abogados asesores de empresas están ofreciendo portafolios para cumplir la ley laboral o se ha mejorado el relacionamiento con sus sindicatos. Todo esto es positivo, pero solo es el inicio de lo que debe ser una cultura generalizada del cumplimiento de la norma laboral.

Las Subcomisiones Departamentales de Concertación de Políticas Salariales y Laborales son escenarios fundamentales para acordar los planes de inspección en los territorios y la prevención y anticipación de los conflictos colectivos. Es la orientación que hemos dado a nuestros directores y directoras territoriales, su cumplimiento dependerá de nuestra labor administrativa interna, pero también de la vigilancia social que hagan empresas, sindicatos y trabajadores.

Las redes sociales hoy son testigo de cientos de denuncias ciudadanas alrededor del trabajo. Hemos ganado mayor confianza institucional después de décadas de inacción histórica de la autoridad administrativa laboral. Necesitamos recoger estos justos reclamos y trasladarlos a escenarios de dialogo social, a procedimientos administrativos expeditos, a sanciones que se cobren y en jornadas de orientación a empleadores y trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales.

Algunos jueces de tutela o laborales han aprovechado el momento de efervescencia alrededor del trabajo para incorporar tesis y nuevos debates a la judicatura. La inspección del trabajo debe hacer lo mismo, armonizar decisiones, modernizar y dinamizar sus procedimientos y decisiones y aplicar con justicia y firmeza las sanciones a los infractores de las normas laborales sin perjuicio de todo el ejercicio preventivo, pedagógico y de promoción del dialogo social. Hoy necesitamos más coraje y acción de los inspectores del trabajo para corregir las malas prácticas laborales y proteger aquellos trabajadores que más necesitan de la tutela del Estado.

El país necesita una reforma como la hemos planteado. Y una inspección a ese mismo nivel para hacerla efectiva. Bienvenidas todas las ideas.