El 25 de septiembre, el Ministerio de Minas declaró un racionamiento programado de gas natural. El 27 de octubre declaró otro, que levantó el 31 y que ya prefiere llamar “limitación programada”. Son dos racionamientos en menos de tres meses de gobierno, y el escándalo ha sido mínimo. Con nosotros en el gobierno, gremios, expertos, políticos y gran prensa nos habrían acabado. Ambos los causó la falla de un tren de la regasificadora de Cartagena, Spec, la única puerta de importación del país. En el segundo, el Ministerio estimó un faltante cercano al 13% del consumo nacional; la demanda esencial quedó protegida, pero la industria quedó expuesta a restricciones.

El segundo llegó una semana después de que Ecopetrol, ya con nueva junta directiva, declarara desiertos los procesos que dejamos en marcha para comprar el gas natural licuado de las regasificadoras del Pacífico y de Puerto Bahía, las terminales que iban a reducir esa dependencia. La ministra María Nohemí Arboleda respaldó la decisión. No hubo un nuevo proceso ni un cronograma: solo la promesa de “buscar alternativas” y acelerar Sirius, que no dará gas antes de 2030.

En lugar de un plan, el Gobierno y su “batalla cultural” ofrecen un culpable. La ministra sostiene que todo obedece a que el gobierno anterior “no firmó nuevos contratos de exploración, mientras los campos existentes seguían agotándose”. Que no firmamos contratos nuevos de exploración y producción es cierto. Lo falso es la relación que establece entre esa decisión y la situación de hoy. No firmar contratos nuevos no es suspender la exploración, y ningún contrato firmado en 2023 habría puesto una molécula de gas en el mercado en 2026.

Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas probadas de gas pasaron de 5.727 gigapies cúbicos en 2012 a 2.817 en 2022: el país perdió la mitad de su gas en diez años, con rondas abiertas y contratos a granel. Entre 2022 y 2025 cayeron a 1.717, pero en esos tres años se produjeron 1.027 y la incorporación neta fue negativa: se gastó el gas que había, sin hallazgos maduros para reponerlo. Esos hallazgos debieron salir de la exploración de 2015 a 2021, porque el periodo exploratorio de un contrato puede tomar hasta seis años. Y fue justo entonces, tras el desplome del precio del petróleo, cuando la actividad cayó a niveles previos a la reforma de 2003, según el estudio Faltantes de gas en Colombia, de Barrera Rey.

Desde 2022, en cambio, la exploración siguió. Según la ANH, entre agosto de 2022 y agosto de 2026 se perforaron 211 pozos exploratorios y la Agencia recibió 42 avisos de descubrimiento, 16 de ellos de gas. Áreas había: en 2024, según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), 90 contratos tenían 110 pozos pendientes. En nuestro gobierno la política fue promover la exploración: flexibilizamos los contratos vigentes para dar más plazo y permitir más pozos y más sísmica. Ecopetrol, por su parte, subió su tasa de éxito exploratorio de menos de 30% en 2022 a 44% en 2025.

El problema es que en Colombia explorar mucho no ha significado encontrar gas. Entre 2010 y 2014, con rondas abiertas, el país perforó más de cien pozos exploratorios por año, su récord histórico, y según la ANH, entre 2011 y 2014 esos hallazgos no incorporaron ni un gigapié cúbico nuevo de gas. Los grandes campos de La Guajira se descubrieron en los setenta y los de Cusiana y Cupiagua hace más de tres décadas; desde entonces no ha aparecido en tierra nada de su tamaño. La propia ANH lo llamó “la curva esperada de una cuenca que ya dio mucho al país”. Según el mismo estudio de Barrera Rey, el campo de Opón se anunció en 1996 con 2.000 millones de pies cúbicos diarios y terminó en 30. Y Canacol, el mayor productor independiente, está en reorganización por campos agotados y pozos que no dieron lo esperado. Ninguno falló por una firma que faltara.

Lo que sí faltó fue planeación, y viene de antes. El Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas Natural de 2017 preveía una regasificadora en el Pacífico para enero de 2021. Las convocatorias de la Upme se cayeron una tras otra y el proyecto solo se destrabó cuando Ecopetrol contrató su capacidad. Debía empezar a operar este 1 de noviembre y tampoco entró: casi seis años después, el país sigue sin esa segunda puerta. Con ella en operación, los dos racionamientos habrían sido otra historia.

Por eso hoy tantos piden fracking, una confesión tácita de que, en tierra, por métodos convencionales, ya nadie espera grandes hallazgos. Pero están vendiendo vacas voladoras. Alberto Consuegra, exvicepresidente ejecutivo operativo de Ecopetrol, lo advirtió en El Tiempo: el fracking “no será una solución inmediata, sino que tomará varios años”, y ni siquiera un plan de cien pozos resolvería de inmediato la escasez.

El gas convencional que queda está mar adentro: allí está el 74,5% de los recursos ya descubiertos que aún no son reservas, según la ANH. Y, contrario a lo que dice la ministra, la perforación costa afuera no se frenó: la campaña de Petrobras y Ecopetrol, que concluyó en octubre con cinco pozos, perforó Sirius-2 y sumó los hallazgos de Copoazú-1 y Sandía-1. Fue nuestro gobierno el que abrió esa puerta con el Decreto 1467 de 2024, que permitió vender por anticipado hasta 249 millones de pies cúbicos diarios de Sirius y dejó la regasificación abierta a cualquier agente. De ahí salieron las alternativas a Spec: el Pacífico, Puerto Bahía y la propuesta de TGI en La Guajira. Las dos primeras son las que hoy Ecopetrol, con el aval del gobierno De La Espriella, dejó sin el gas que debía comprarles.

El vicepresidente José Manuel Restrepo y la ministra han vuelto a hablar del gas de Venezuela -ahora sí-, y, según he podido conocer, esta semana Ecopetrol y su filial Cenit anunciarían el camino para traerlo.

Bienvenido: es la ruta que dejamos abierta en febrero, cuando nos sentamos con el gobierno venezolano a buscar cómo habilitar el gasoducto Antonio Ricaurte. Falta lo de fondo: renegociar o terminar el contrato con Pdvsa, obtener el visto bueno de Estados Unidos y reparar el tubo. Aun así, ese gas llegaría antes que el de cualquier contrato nuevo, como los de la ronda anunciada “para este año”, que todavía no tiene calendario.

Dos racionamientos en poco más de un mes no se explican por los contratos que no firmamos, sino por una terminal única, por una segunda puerta que se planeó para 2021 y no llegó, y por las alternativas que hoy se quedaron sin gas. El déficit nació de campos que ya dieron lo que tenían, de años en los que se exploró mucho sin encontrar gas y de otros en los que casi no se exploró. La salida es acelerar el gas del Caribe, seguir conversando con Venezuela y contratar ya el gas para las nuevas regasificadoras. Culpar al pasado y mentir no llena los gasoductos.