Tuve la oportunidad hace un par de meses de participar en un enriquecedor encuentro de jefes y gerentes de talento humano de empresas privadas. En este y en otros eventos he aprendido mucho sobre la cultura de las relaciones laborales en Colombia. Allí no dije nada extraño, pero si noté caras de sorpresa y de fastidio cuando les dije que las relaciones de trabajo mientras más democráticas son, más productivas se vuelven.

Por la misma época encontré en redes a un abogado y consultor empresarial, que señaló sin pudor, que las relaciones laborales no deberían ser democráticas. Otros comentarios que le acompañaban decían que el empleador no tiene la obligación de ser “democrático” y más en el sector privado, donde prima, según ellos, el derecho a la “propiedad privada” y la “libertad de empresa” como valores “absolutos” y “supremos” del orden constitucional. Cosa que no es cierta.

La ausencia de una cultura de derechos, de participación en la gestión o el rechazo al uso de mecanismos racionales y deliberativos para resolver conflictos en las empresas, prefiriendo judicializarlo todo, termina por gestar organizaciones con alta rotación de trabajadores y conflictos más intensos, más largos o que se vuelven virales afectando la imagen empresarial.

Algo tan sencillo como la reducción de la jornada laboral en una hora semanal, a 47 horas, se ha convertido en conflicto. Hemos recibido decenas de querellas apenas un año después de la entrada en vigencia de esa medida que busca incrementar la productividad a través de un mejor balance entre la vida laboral y familiar.

Si hay algo contemporáneo y de punta hoy es precisamente la democracia en los lugares de trabajo. La excanciller de Alemania, Angela Merkel, (no precisamente comunista) en la reciente celebración del 40º aniversario (¡Sí señores! Hace más de 40 años) del modelo de cogestión empresarial de ese país destacó: “Nuestro modelo de cogestión es uno de los principales motivos para el éxito económico de las empresas alemanas, así como del bienestar en el país. Refleja que los trabajadores y las trabajadoras son más que simple capital productivo. Los derechos de participación en las decisiones empresariales incrementan la identificación con las empresas y mejoran notablemente la calidad de las decisiones empresariales. Por lo tanto, nuestro modelo de cogestión es una ventaja en el marco de la competencia internacional”.

La Organización Internacional del Trabajo, OIT (Organización tripartita no lo olvidemos) ha destacado que cualquier cambio que afecte los intereses de los trabajadores y trabajadoras, debe consultárseles. “El Comité ha subrayado la importancia de que los gobiernos consulten a las organizaciones sindicales, con objeto de discutir sobre las consecuencias de los programas de reestructuración en el empleo y en las condiciones de trabajo de los asalariados”

Nuestra Corte Constitucional, amparada en distintas disposiciones de la Carta Superior que ahora tantos dicen defender, pero han ayudado a contrareformar o no desarrollar – entre esos algunos empresarios -, ha señalado que “La participación, entonces, surge no solo como derecho de aquellos sino como un deber de los patronos y de las autoridades que de una u otra manera tengan incidencia en el campo laboral. En esa medida, la participación conlleva a que se les otorgue a los trabajadores escenarios de discusión, de debate y se les dé la oportunidad de tomar parte en asuntos propios de la empresa y que vayan dirigidos a establecer las reglas de juego que ha de guiar la relación laboral.” (Cfr. 934 de 2004).

Incluso, esa Corte ha defendido que las garantías de representación y de participación son expresiones del derecho fundamental de asociación sindical y del derecho de participación política y por lo tanto susceptibles de protegerse mediante acción de tutela (Ver. T-953 de 2005)

En el Grupo Bicentenario, a través del Decreto 1962 de 2023, el gobierno del presidente Gustavo Petro previó que en las juntas directivas de las entidades de ese grupo se garantizara un puesto a los empleados de la respectiva entidad. Mediante Resolución 0089 de 2024, el Ministerio de Agricultura creó, luego de la negociación colectiva con sus sindicatos, “El Comité de Política Laboral del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Social” y el pasado 22 de marzo, la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol, eligió una nueva Junta Directiva en la que tuvieron la deferencia de incluirme como extrabajador, exdirigente sindical de la USO y ahora trabajador del gobierno.

Mi nombramiento, es apenas una medida transitoria hasta que logremos en ese máximo nivel de dirección, de la primera empresa del país, un puesto para un trabajador o una trabajadora de la base. Seguro, mucho mejor que la presidencia de la Junta en manos de un rejoneador, como llamó el columnista Daniel Coronel al entonces director Luigi Echeverri.

Los trabajadores y trabajadoras, sus organizaciones sindicales deben aspirar a tener -más- espacios de consulta, de cogestión o codeterminación en sus empresas y entidades. Deben incorporar esas demandas en sus pliegos de peticiones tanto en el sector público, como en el sector privado. La democracia le hace bien, no solo a la sociedad, sino también a las relaciones de trabajo que mejoran en productividad y en su capacidad para prevenir graves conflictos.

Al fin y al cabo, como sostuvo alguna vez el dirigente sindical español José Luis López Bulla, “El sindicalismo lucha por la superación de la contradicción entre el reconocimiento de las libertades formales en la polis moderna y su negación en el centro de trabajo”.

Tal y como lo dije en una reciente entrevista, no son solo los sindicatos los que deben modernizarse, sino las instituciones, el derecho del trabajo, los empresarios, sus asesores y consultores, muchos de ellos defensores de regímenes laborales anacrónicos y antidemocráticos. Les invito a abrir las puertas a la democracia.