El 14 de octubre, miles de personas salimos a las calles en las principales ciudades del país. Marchamos por primera vez contra el gobierno de Abelardo de la Espriella: juventudes, trabajadores y trabajadoras, maestros y organizaciones sociales llenamos las plazas. Lo seguiremos haciendo.
Se notó, y mucho, la ausencia de la Unión Sindical Obrera. La USO, que desde 1923 ha sido la voz más firme del movimiento obrero colombiano, no estuvo. Y su ausencia se suma a una cadena de silencios que, puestos uno al lado del otro, se convierten en un grito.
Empecemos por casa. Durante siete décadas, la USO exigió que Ecopetrol fuera dirigida por gente que conociera la industria. Hoy la preside Joaquín Gutiérrez, viejo amigo del presidente -fue subgerente de su firma de abogados- y gerente de su campaña, sin experiencia conocida en hidrocarburos ni en energía. ¿La respuesta de la USO? Votar a favor de su elección en la junta y desearle éxitos.
Calló de nuevo cuando la junta puso al frente de las compras de Ecopetrol a Camilo Rojas, exviceministro de Política Criminal del gobierno Duque y abogado de Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, señalado como el zar del contrabando. Cuestionado por esa defensa, respondió: “Yo ejerzo mi profesión”. Tiene razón: defender no es delito. Pero ¿quien defendió al contrabandista más poderoso del país es la persona indicada para decidir a quién le compra la principal empresa pública?
Tampoco dijo nada cuando Carlos Suárez, socio de De la Espriella y estratega de su campaña, sin trayectoria en el sector, llegó a la presidencia de la junta. Cuando La Silla Vacía y Cambio investigaron sus vínculos con una minera ligada a Serafino Iacono, los llamó “portales activistas” y advirtió que “los actores políticos reciben respuesta política”. La Flip tuvo que recordarle que “la prensa no se convierte en adversaria del gobierno por investigarlo”. Que eso se diga desde la junta de Ecopetrol es grave. Que su principal sindicato calle, también.
La USO ha callado incluso en derechos humanos, pese a sus más de 100 líderes y afiliados asesinados. El 2 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz imputó al capitán (r) José Eduardo González Sánchez, exsubjefe de seguridad de Ecopetrol en Barrancabermeja, mi ciudad, por su papel en la toma paramilitar de 1998 a 2000, la de las masacres de mayo de 1998 y febrero de 1999. La JEP señaló que la USO, una organización civil, fue uno de los objetivos estratégicos de esa alianza entre fuerza pública y paramilitares, y que desde la empresa se manipuló la contratación para infiltrar el sindicato. En ese contexto, la nueva dirección tendría listo como gerente de Seguridad Física al general (r) Eduardo Zapateiro, acusado por la Fiscalía de presunto acoso sexual contra dos subordinadas. El sindicato no ha pedido explicaciones.
Tampoco habló cuando el Consejo de Estado obligó a una corporación de juntas comunales de Chichimene (Meta) y a su exrepresentante legal, Sandra Patricia Ruiz, a responder con su patrimonio por unas protestas de 2017 en las que reclamaban empleo. Es una advertencia para cualquier comunidad petrolera que proteste, en medio de la violencia: el 22 de septiembre asesinaron a Rafael Julián Rodríguez Quiroz, presidente de Asojuntas de El Centro, corazón petrolero de Barrancabermeja.
Mientras tanto, el gobierno expidió el Decreto 1525, que endurece la intervención de la fuerza pública en la protesta y que, a mi juicio, es inconstitucional. Y anunció un estatuto antiterrorista que, advierten la oposición y varios juristas, permitiría señalar como terroristas, sin condena, a quienes protestan. En Taganga, una gerente de Ecopetrol acusó de extorsión a pescadores que exigen consulta previa por el proyecto Sirius; el ministro del Interior, Rodrigo Lara, repitió la acusación y un juez le ordenó retractarse. De nuevo, el ruidoso silencio de la USO.
Callada también ante el desmonte del trabajo decente. El Ministerio del Trabajo derogó de un plumazo 11 circulares; cuando el Consejo de Estado suspendió el decreto de negociación colectiva por rama, se limitó a “tomar nota”, y días después publicó ocho proyectos de decreto para modificar o derogar normas que protegen a trabajadores y sindicatos. Fenalco, a su vez, insiste en anular el decreto del salario mínimo. La ministra Natalia López y su viceministra Juliana Morad no tienen otra agenda que deshacer lo avanzado. Es la agenda laboral más regresiva desde 1990, y el sindicato más emblemático del país mira para otro lado.
Hay silencio también frente a la política fiscal. El presidente eliminará el impuesto al patrimonio, el que pagan quienes más tienen, y la plata tendrá que salir de otro lado. El exministro Mauricio Cárdenas ya propuso que Ecopetrol venda su participación en ISA, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, no cerró la puerta a vender 8,49% de la empresa que la ley aún permite. La USO, que en 2019 anunció una huelga ante la sola idea de esa venta, no ha dicho una palabra. Ni reclama que las petroleras aporten de sus ganancias a la transición, a los subsidios de energía o a los territorios.
Mucho silencio, pero no total. Sobre el fracking sí hay ruido: ahí parte de la dirigencia de la USO reaparece, se reúne con el presidente y declara su apoyo, aunque su Asamblea Nacional de Delegados mantiene el mandato del no al fracking. Hoy los micrófonos no se le abren a la USO para denunciar violaciones de derechos humanos o laborales, sino para explicar por qué el país debe hacer fracking.
Ese ruido dice más que todos los silencios juntos: la agenda de un amplio sector de la dirigencia terminó coincidiendo con la de un gobierno y una dirección de Ecopetrol que en todo lo demás le son hostiles. Defender la industria, el empleo petrolero y la soberanía energética es legítimo, y la USO lo ha hecho mejor que nadie durante un siglo. Pero se puede hacer sin entregarle el sindicato a la agenda antiderechos de la extrema derecha que hoy gobierna.
No escribo desde la orilla del adversario, sino desde el respeto por una organización que logró para el pueblo colombiano algunas de sus mayores conquistas: la defensa del petróleo como patrimonio público, la creación de Ecopetrol, la resistencia frente a una violencia que quiso exterminarla. Por eso su silencio duele y aturde.
El país necesita un sujeto colectivo capaz de disputar la “batalla cultural” que lanzó el nuevo gobierno, cuyos protagonistas hoy dirigen Ecopetrol. La USO puede volver a serlo, pero tiene que romper el silencio. A su base -los trabajadores de Barrancabermeja, de los campos, de los oleoductos y de las refinerías- le corresponde exigirlo. Ojalá no sea tarde.