Todos estamos muy preocupados por la movilidad de Bogotá y Cundinamarca. Cada uno de los corredores viales debe ser ampliado y modernizado bajo diferentes modalidades de contratación y financiación. Hoy pensaremos sobre cómo solucionar uno de ellos, que es la ampliación de la Autopista norte y la Carrera 7ª, tan anunciada como hecho real hace años en un evento con el alcalde Peñalosa, el gobernador Rey, el vicepresidente Germán Vargas y otras personalidades en el antiguo Hipódromo de los Andes. Tres, cuatro años mas tarde no se ha materializado nada en el perímetro urbano , donde el IDU debe ser quien lidere y contrate las obras, que deben empatar con la ampliación que ya se está haciendo en perímetro de Chía. Recordemos que en Bogotá hablamos de menos de 6 kilómetros de ampliación.

No hacer esta obra y comenzarla ya, implicará más embudo y más trancones, hoy ya bastante traumáticos. Tenemos días en que podemos gastar entre el mencionado Hipódromo y la Calle 85, dos horas largas y lo mismo pasa sentido norte sur tanto por la mañana como por la noche. El tráfico es de doble vía, pues miles de estudiantes de colegios y universidades, así como trabajadores, empleados y directivos de miles de empresas se desplazan en un sentido u otro a realizar diferentes actividades.

En la idea de todos ponen, que facilitó el plan de desarrollo del presidente Duque, creeríamos que encontrando los mecanismos jurídicos adecuados, bajo la base de un valor de las obras de $1,4 billones, y conociendo que a marzo del 2020 se tendrán aproximadamente $330.000 millones en fiducia del peaje actual, contando que la obra dure unos tres años, el Distrito debería colocar $200.000 millones anuales de recursos propios, la ANI o Ministerio de Transporte por la importancia de la vía podría comprometerse con $50.000 millones anuales por el mismo período, la gobernación podría colocar $25.000 millones anuales y los municipios de Chía, Tocancipá, Cajicá, Zipaquirá y Gachancipá hacer una bolsa común bajo proporciones diferentes de unos $100.000 millones por los tres años (promedio por municipio por año de $6.000 millones, que no parece una cifra imposible para las finanzas de estos municipios que se beneficiarían enormemente con esta obra, por las inversiones y negocios que tendrían diariamente, hoy afectados por la movilidad).

Todo esto sumado nos da $1,40 billones, valor aproximado que nos han dicho que vale la obra. Estos son cifras lanzadas al aire, que nadie se moleste, pues no obligan a ninguna de las partes, cada quien si quiere llega a la mesa y dice si puede y cuánto puede y cómo hacerlo. No es camisa de fuerza, solo pretende ser una guía, pues nada más fácil que gobernar los recursos ajenos sin saber las prioridades y necesidades de cada quien.

Así tenemos financiada la obra; además sabemos que, de marzo del 2020 a marzo del 2023, tiempo en que debe ejecutarse la obra, el peaje actual generará recursos por aproximadamente $150.000 millones para esta misma ampliación.

Si no, todos pueden colocar recursos propios. Se pueden endeudar con Findeter a tasas muy bajas, y en última instancia podríamos los usuarios de la vía pagar un peaje transitorio de no más de tres años, que vayan directamente a la ejecución de las obras.

Eso sí exigimos que los retornos sean adecuados, que se construyan puentes peatonales, que los humedales se respeten y se eleve la vía donde sea necesario y que la obra sea ejecutada con mucho trabajo nocturno para que no sean un caos monumental.

Ideas, trabajo en equipo, voluntad de las partes son necesarios para que pronto podamos hacer este sueño realidad. Hay ya instancias como el CIT (Comité de Integración Territorial) que podrían ser los garantes y facilitadores de un proceso como este, lo cual iría dando vida al área metropolitana bajo un proyecto específico y articulado de interés general.