El pasado 29 de julio, en la conmemoración del Bicentenario de la adhesión de las islas y los cabildos de San Andrés y Providencia a la Constitución de Cúcuta de 1821, la Gobernación del Archipiélago y la Universidad Externado, iniciaron una serie de actividades académicas con el fin de pensar y repensar en los pobladores de este territorio insular.

Pocos recuerdan que el cabildo de Providencia adhirió el 23 de junio de 1822, y al cabo de unos días -el 21 de julio-, hizo lo propio el de San Andrés y los habitantes de San Luis de Mangle. Así, 1822 no solo significa la adhesión a la Gran Colombia, sino que las cinco islas principales configuran el Sexto Cantón de la provincia de Cartagena. Se hereda la lógica administrativa colonial prevista en real cédula de noviembre de 1803, donde el archipiélago y la costa de Mosquitia -habitados por un mismo pueblo- dejaron de estar bajo control administrativo, jurídico y eclesiástico de la Capitanía de Guatemala y pasaron al Virreinato de Nueva Granada.

En 1806, por solicitud del capitán general de Guatemala, el rey Carlos IV expidió otra cédula real, que podría entenderse como la derogatoria de la de 1803, devolviendo la administración a esta Capitanía. Lo que en principio eran decisiones relativas a facilitar la administración de las colonias de España, se torna -una vez surgen las repúblicas actuales- en una disputa de soberanía que no atiende razones distintas a las físicas y que en defensa de ese concepto abstracto, divide pueblos sin considerar la relación de estos con su territorio.

En 1928 se firmó el Tratado Esguerra-Bárcenas como un intento de solución directa entre Nicaragua y Colombia, concilian sus intereses atribuyéndose territorios sin tener en cuenta a sus pobladores. Estos pobladores -más allá de la realidad física impuesta por los Estados- usufructuaban su mar sin consideraciones de nacionalidad. Cuatro décadas después (1969) inició la controversia donde no solo se pretendía revisar la atribución de los territorios, sino el trazado de las aguas. Así, los dos Estados llevan 53 años enfrascados en una controversia que no termina pese a haberse ventilado en dos discusiones de fondo en la Corte Internacional de Justicia.

Por tanto, los diferendos limítrofes en el territorio ancestral raizal, merecen reflexiones no solo desde el derecho internacional sino desde la perspectiva de derechos étnicos, pues son ellos los que se perjudican con la razón de Estado que impera, sin consideración alguna, sobre la geografía humana. Esto fue lo que nos ocupó en San Andrés el pasado viernes, y que invita a reflexionar no solo a la academia, sino a los pueblos originarios del Caribe occidental (creoles de Nicaragua, Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras, Jamaica, entre otros) y a sus gobiernos para integrarse y acordar la explotación sostenible de los recursos que garanticen la seguridad alimenticia y el desarrollo armónico no atendido por los Estados que tienen la responsabilidad de hacerlo.

El 21.07.2022 nos referíamos al Proyecto Mesoamérica, del que la mayoría de los países concernidos hacen parte, que tiene una relación directa con Caricom y que goza de un potencial inmenso, tanto para liderar una política migratoria y energética, como para facilitar un acuerdo entre Estados que atienda la geografía humana y no la física que propicia los litigios en el Caribe.