Mientras unos aseveran que las agitaciones de los últimos días en América Latina no tienen elementos comunes, otros dicen lo contrario. No obstante, todos parecen defender más sus creencias ideológicas, que buscar lógicas comunes.

Casi la totalidad de países de América Latina, incluidos la Bolivia de Evo, el Ecuador de Correa y la Nicaragua de Ortega, han promovido las iniciativas privadas, defienden la propiedad, alientan las inversiones extranjeras y participan en los mercados mundiales. En 2017, según la Cepal, Centroamérica y República Dominicana crecieron casi tres veces el ritmo del resto de América Latina, Panamá fue la que más aumentó su riqueza con 5,3% de incremento del PIB, seguido de República Dominicana y Nicaragua con 4,9%, Paraguay con 4% y Honduras con 3,9%. En América del Sur, ese año los ingresos nacionales brutos per cápita -en dólares- de Uruguay registraban US$15.250, Chile US$13.610 y Argentina US$13.040.

Entre 2003 y 2013 esta región fue la que más redujo la desigualdad salarial, Bolivia, por encima de todos, pasó de 0,53 a 0,44 puntos, seguido de Perú con una reducción de 0,089; Ecuador 0,086; Argentina 0,083 y Uruguay 0,081. Sin embargo, siguen siendo muy desiguales Honduras, Brasil, Colombia, Bolivia y México.

También se ven contrasentidos en el PIB del 2018 y 2019, América Latina -como región- pasará de 1,3 a 1,8; Centroamérica de 3,2 a 3,3 y en el sur, de 0,7 se pasará a 1,6 donde se destacan y mantienen con leve incremento Paraguay con 4,7 y Bolivia con 4,4. Así, los indicadores económicos -tanto de gobiernos de derecha como de izquierda-, con excepciones puntuales, son positivos sin impactar significativamente en lo político y social.

Las mayores reducciones de pobreza entre 2012-2017 las registraron Chile, Salvador y República Dominicana gracias al aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos, mientras que para Costa Rica, Panamá y Uruguay el factor principal fueron las pensiones, como diría la Cepal “esto corrobora la importancia de dotar de más recursos a la población en situación de pobreza, combinando el fortalecimiento de los ingresos laborales con la provisión de transferencias públicas y el fortalecimiento de los sistemas de protección social”.

Las poblaciones menos privilegiadas de los países de la región, más allá de los indicadores, aspiran a progresar y mejorar sus condiciones en un sistema que les brinde las mismas oportunidades. No se movilizan contra la burguesía o el imperialismo, sino contra una clase política que no los representa, pero que sabe cuidar el capital nacional y extranjero disminuyendo derechos laborales e impuestos de renta. Los líderes, partidos y movimientos políticos, han perdido contacto real con sus bases que solo exacerban con clientelismo en elecciones, olvidando de plano que la paz social exige un pacto que reconozca la intangibilidad de los fundamentos de la producción capitalista, pero con un Estado que instrumente la redistribución de las rentas en favor de salarios y políticas fiscales coherentes con estos. La receta es europea, la misma de la segunda posguerra, en que surge el Estado de bienestar o Estado social que atiende las relaciones sociales de poder corrigiendo desigualdades, garantizando que los débiles cuenten con libertad y protección equivalentes a las de los socialmente favorecidos.