Un proceso constituyente debería ser el momento de crear consensos. Eso en Chile, a diferencia de lo que vivió Colombia en 1991, no lo fue. El trabajo de la Convención chilena y las campañas por la aprobación o rechazo del texto, como dice el profesor Martínez Dalmau, “se centraron en el apoyo maximalista a una u otra opción, con perspectivas radicales que etiquetaban a los electores en una de las dos posiciones y sin posibilidades de aproximación: blanco o negro; es ahora o nunca; con Pinochet o sin él”. El proceso no logró “una construcción colectiva de consensos constituyentes” y se convirtió en un proceso electoral cualquiera.

En últimas -y es la principal lección de los chilenos- no se puede entender que un pacto de convivencia se pueda alcanzar por la voluntad de una mayoría coyuntural. Si seguimos apostando a los réditos de la polarización nos sustraeremos del debate social y vía mentiras mezquinas nos sentimos legitimados para la sanción moral. Así prosperó el Brexit, ganó Trump y se perdió el Plebiscito por la Paz en Colombia. Si en Chile realmente se quiere renovar el pacto de convivencia, sin mayorías coyunturales las mentiras se deben descartar.

Chile no se iba acabar por ser un Estado plurinacional e intercultural, el reconocimiento de las culturas y naciones es una tarea pendiente para mejorar la convivencia en el mundo, y seguiría como un territorio único e indivisible con su nombre, bandera, escudo e himno. Saldar la deuda histórica con los Mapuches, elevando el mecanismo de restitución de tierras a observancia constitucional, brinda un mejor amparo al derecho existente y este pueblo originario no se podría tomar cualquier territorio.

Reconocer la práctica común de estos pueblos para resolver conflictos, respetando el sistema jurisdiccional chileno y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, no es imponer la justicia indígena a todos los chilenos. En México, Colombia y Ecuador el encaje ha funcionado bien. Órganos de elección popular y directorios de empresas públicas con composición paritaria y listas electorales encabezadas por mujeres, no es discriminar a los hombres sino reconocer a las mujeres la igualdad de condiciones. Garantizarles una interrupción voluntaria de los embarazos deseados o no deseados es no perseguirlas por abortar.

La expropiación por razones de interés general es una práctica existente y reconocer el derecho a la propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes como derecho fundamental es más garantista que lo existente, como garantizar una vivienda digna y adecuada. Crear un Sistema Nacional de Salud con el mismo 7% de aporte obligatorio era reforzar el Fondo público existente para que compita con los privados. En materia de pensiones donde solo operan privados la idea es incorporar competencia con un fondo púbico con destinación específica de los recursos.

La Constitución actual y el texto propuesto no mencionan a la educación privada, ni a la mixta, pero funcionan y son lucrativas. Sin embargo, se exigían garantías explícitas que hoy no se tienen. Existe un derecho de aprovechamiento del agua que permite a privados que les escrituren parte de los ríos incluso de manera perpetua. Vigilar este aprovechamiento y poder revocarlo con base en el derecho humano al agua no parece -como todo lo anterior- muy desproporcionado.