Reprimir y dispersar manifestantes con fuerza excesiva, detenciones arbitrarias o no, con abuso y maltrato durante el procedimiento, lesiones e incluso la muerte por oponerse a un régimen, son crímenes internacionales que se enmarcan en el Estatuto de Roma. Numerosas comunicaciones e informes que documentan estos hechos pasaron a una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, quien el pasado 8 de febrero anunció la apertura de un examen preliminar sobre la situación de Venezuela.

El procedimiento preliminar no es una investigación propiamente dicha, se trata de un proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación. Bensouda analizará crímenes presuntamente cometidos en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política en Venezuela al menos desde abril de 2017.

De conformidad con el artículo 15.2 del Estatuto de Roma, el fiscal analizará la veracidad de la información recibida y podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas.

Este avance frente a los excesos del gobierno venezolano coincide -y a su vez se ve favorecido- con la reciente publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela.

La CIDH aborda la situación de los derechos humanos en Venezuela, desde cuatro perspectivas: institucionalidad democrática, protesta social y libertad de expresión, violencia y seguridad ciudadana, y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Evidencia severas restricciones al derecho a la libertad de expresión por la censura de medios de comunicación, ataques a periodistas, criminalización de opiniones disidentes o a quienes difunden información contraria a funcionarios del gobierno. Registra la participación de las fuerzas armadas al reprimir o dispersar manifestantes haciendo un uso excesivo de armas de fuego y bombas.

Constata el aumento de la violencia y la criminalidad que afecta a la población e impacta sobre todo a personas y grupos históricamente discriminados y en situación de vulnerabilidad. Rechaza la respuesta estatal marcada por la militarización de la seguridad ciudadana y el involucramiento de civiles en tareas de seguridad. Destaca la crisis socioeconómica -que suma a la crítica situación de la democracia y de los derechos políticos- caracterizada por el desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, material e insumos médicos entre otros y, además, registra serias afectaciones al derecho a la educación y a la vivienda con índices de pobreza y pobreza extrema alarmantes.

Así, el informe de la CIDH y su llamado para que estos actos no queden en la impunidad facilitarán y acelerarán la conclusión de Bensouda de que existe fundamento para abrir una investigación y presentarla a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI. En ese momento las víctimas del régimen encontrarán oportunidades y garantías. Mientras tanto, en Colombia y la región debe haber más tolerancia con la creciente y justificada migración de venezolanos.