Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela suscribieron en 1978 el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) con el propósito de promover un desarrollo armónico de los territorios amazónicos. En 1995, para implementar los objetivos del TCA crearon la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca), y en 2003 empezó funcionar la Secretaría Permanente de la Organización con sede en Brasilia.

En una región donde los comportamientos de los individuos difícilmente se impactan, incluso con procesos reglados y normados, los 25 años de institucionalismo amazónico denotan poca convicción y compromiso de los Estados que lo generan. Los últimos 20 años, sobre la institucionalidad producida en un cuarto de siglo, solo alcanzaron para definir la misión de la Otca y sus objetivos estratégicos.

Con cierto escepticismo confiábamos que la reciente Cumbre Amazónica en Belém, dinamizaría en algo las vacías declaraciones de 45 años de supuestos esfuerzos de los ocho países que comparten la cuenca amazónica. Sin embargo, la “cita histórica”, un “antes y un después” en la historia de la protección del Amazonas, parece que se reduce a las palabras pronunciadas en la inauguración por Lula da Silva.

Frente a la cuenta regresiva en la que nos encontramos los seres vivos sino logramos detener el deterioro del planeta (columnas del 10/11/22 y 19/08/21), los países de la Otca no lograron consensuar una hoja de ruta que evite que la Amazonía alcance un punto de no retorno y se siga jugando con la sostenibilidad de los sistemas. La idea de unificar a todos los países en una posición común en la COP28 de 2023, quedó en el aire cálido que hoy respiramos.

La Declaración de Belém, en la era de la ebullición global, carece de medidas concretas, incluso frente a las ventajas de ser un país amazónico. La Amazonía absorbe las emisiones de dióxido de carbono, una de las fuentes principales de la crisis climática, y no se estableció la meta común de acabar con la deforestación. Brasil ya adoptó esta política con miras a llegar a la deforestación cero en 2030, no obstante, solo se comprometieron a establecer una “Alianza para el Combate a la Deforestación entre los Estados Miembros”, que incluye metas nacionales poco ambiciosas y no la deforestación cero.

Las diferencias entre los países de la región no explican visiones tan opuestas, Brasil gran productor mundial de commodities quiere hacer la apuesta y Bolivia, que tienen menos que perder, se resiste.

La exploración de petróleo también fue objeto de controversia, y solo aparece mencionado al final del texto. Acordaron que “iniciarán un diálogo entre los Estados miembros sobre la sostenibilidad de sectores como la minería y los hidrocarburos en la Región Amazónica, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Esto se explica más fácil, pues la sensibilidad es proporcional a las reservas petroleras, y de ahí la timidez de Brasil, Venezuela, Guyana, Surinam y Ecuador.

La apuesta colombiana sobre transición energética no logra sumar socios, y el canciller brasileño hizo énfasis en que cada país tendrá que seguir el ritmo que esté a su alcance. Incluso transferir recursos a los países en desarrollo para hacer frente a la adaptación y mitigación del cambio climático: para unos es vender barato la Amazonía y para otros favorecer la intervención.