Antonio Caballero, en una reciente columna en Semana, se refería a las nueve mentiras que lanzó el senador Uribe Vélez una vez se dio la firma del acuerdo entre el gobierno y las Farc sobre justicia transicional. Nos advertía el columnista que vendrán más, o se repetirán las mismas, pues el senador, al que en este espacio llamamos “incitatus” (columna del 09.09.2014), entiende perfectamente que una mentira machaconamente repetida acaba convirtiéndose en verdad.

La intransigencia de Uribe frente a lo que él entiende como “la paz de Santos”, repite un capítulo de nuestra historia a finales del siglo XIX y que tocamos en la columna del 13 de noviembre de 2013. El obispo de Pasto Ezequiel Moreno escribió en 1898 “o con Jesucristo o contra Jesucristo o catolicismo o liberalismo. No es posible la conciliación”, como respuesta al presbítero Baltasar Vélez, que en una actitud conciliadora se oponía al llamado que hiciera el clero colombiano a los conservadores para iniciar una nueva guerra santa contra los liberales. 

Fray Ezequiel vivió predicando que el liberalismo era “enemigo fatal de la Iglesia y del reinado de Jesucristo y ruina de los pueblos y naciones”, al punto que quiso enseñar esto aun después de muerto, “deseo que en el salón donde se expone mi cadáver, y aun en el templo durante las exequias, se ponga a la vista de todos un cartel grande que diga: El liberalismo es pecado”.

Es curioso que nuestro senador “incitatus” que predica -con fundamento en Malcolm Deas- flexibilidad sin perder la coherencia y firmeza sin llegar a la terquedad, no entienda que la esencia de la política es la concesión. Así lo sostiene el historiador británico -colombianólogo para muchos- que no deja de exaltarlo y compararlo con Margareth Tatcher. 

Por su parte, el procurador general, que defiende los intereses de los colombianos -excluyendo varias colectividades que riñen con su confesión religiosa-, insiste en atravesarnos el Estatuto de Roma con su Corte Penal Internacional a la inmensa mayoría que preferimos una paz imperfecta que una guerra perfecta. La paz negociada, no solo no es pecado sino que el ordenamiento internacional la ampara. Si uno interpreta el Estatuto de Roma de buena fe, conforme al sentido gramatical de sus términos, con una lógica sistémica y teleológica (objeto y fin), constatará que se centra en poner fin a la impunidad y prevenir nuevos crímenes, dos imposibles en medio de la guerra y perfectamente plausibles en el marco de una justicia transicional como la acordada en La Habana. 

Justicia transicional no es justicia penal, el maximalismo o minimalismo en las penas no es impunidad, como tampoco lo es una justicia restaurativa, que permitirá imponer penas restrictivas de la libertad, pero que no implican cárcel. El acuerdo prevé, además, la desmovilización y desarme de los perpetradores, quienes reconocerán su responsabilidad, y participarán en el establecimiento de la verdad. Respecto a la pretendida prohibición del senador y procurador -de que los desmovilizados participen en política-, esta debería regir para los que no entienden que esta práctica se basa en la concesión.

Entre tanto, la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, señaló que “cualquier iniciativa práctica y genuina que permita alcanzar este objetivo loable y que rinda homenaje a la justicia como un pilar fundamental para una paz sostenible es desde luego bienvenido por la Fiscalía”.