Hace una semana Joe Biden en una intervención especial desde la Casa Blanca anunciaba que Israel y Líbano sellaron un acuerdo de alto el fuego para poner fin a los combates entre el ejército israelí y Hezbolá. “Los combates terminarán. Esto está diseñado para ser un cese permanente de las hostilidades”, pero ¿por qué Israel, empeñado en llegar hasta el final en Gaza, acordó en tan corto tiempo un alto al fuego en Líbano?
Creemos que la razón es poco altruista. No se trata de una convicción de paz, sino de las dificultades para alcanzar sus objetivos. En dos meses no ha logrado contrarrestar la capacidad de lanzamiento de cohetes de Hezbolá, tampoco controlar las ciudades del sur del Líbano, por el contrario, Hezbolá ha ampliado la capacidad de sus ataques dentro de Israel, alterando la calma reinante en las principales ciudades del país y contando un número importante de víctimas civiles. Entretanto, su ejército sufre un número creciente de bajas en el sur de Líbano.
No se trata así, solo del agotamiento del ejército israelí, sino de los costos políticos y económicos de tener que convocar cada vez más reservistas al conflicto, sin que esto sea efectivo para eliminar la amenaza de Hezbolá y asegurar, por medios militares, el retorno seguro de sus ciudadanos al norte del país.
El gobierno de Israel cuando entendió que había destruido las capacidades de Hamás en Gaza, olvidando la favorable asimetría que le facilitó la tarea, creyó que tenía una oportunidad de hacer lo propio con Hezbolá en Líbano y que la comunidad internacional iba a ser igual de pasiva. Sin embargo, los serios posicionamientos de Estados Unidos y Francia, que lo calificaron como una “agresión israelí”, mientras los cohetes de Hezbolá alcanzaban Tel Aviv y Haifa, hicieron retroceder a Netanyahu, no solo por tener que asumir el costo político de las miles de personas que se desplazaron desde el norte de Israel sin conseguir el objetivo planteado, sino porque la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) le supone una dificultad de viajar a cualquiera de los 124 países que suscribieron el Estatuto de Roma.
Pero la escasa convicción frente a la paz alcanzada, no solo es de Israel; Hezbolá está diezmado por los numerosos golpes a sus líderes, instituciones y mando militar, y de ahí que olvidara su objetivo de no detener los ataques a las posiciones israelíes antes del final de la guerra en Gaza y, por su parte, Francia y el Reino Unido ponen en duda la eficacia del Estatuto de Roma respecto del arresto a Netanyahu en sus países, debido a que pertenece a un país que no reconoce la jurisprudencia del tribunal. Esto último, a costo del principio de jurisdicción internacional, facilitó la negociación de paz con el Líbano y el anuncio del gobierno de Israel de apelar ante la CPI las órdenes de arresto, pese a que las considere carente de fundamento fáctico o legal.
En todo caso, esta paz sin altura se fundamenta en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que puso fin a la guerra entre Israel y Hezbolá en 2006 y que supuso solo el cumplimiento de tres de los cuatro propósitos iniciales, el cese al fuego, la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano y el despliegue de la Finul (fuerza de paz); quedó, como ahora, pendiente la implementación del desarme de Hezbolá y sujeta a que use sus armas.