Donald Trump, desde su elección, no dudaba en mercadear derechos si esto facilitaba los intereses “del pueblo americano”. El 10 de diciembre de 2020, antes de expirar su mandato, reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, mientras se ufanaba de haber logrado que cuatro países árabes normalizarán sus relaciones con Israel. Así, el costo de la normalización de las relaciones entre Marruecos e Israel no era solo desconocer el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, sino olvidar que los Estados Unidos de América, fueron fundados bajo ese principio.

Pero el objeto de estas líneas no es señalar a Trump y sus desatinos, sino explicar el reciente cambio de postura del gobierno español respecto al Sáhara Occidental. Marruecos, aprovechando el reconocimiento de EE.UU., empezó varios pulsos diplomáticos con países estratégicos. Primero, suspendió la reunión de alto nivel que iba darse con España a finales de 2020, y en 2021, en marzo, suspendió relaciones con Alemania, y en mayo retiró embajadores de Berlín y Madrid, esperando que ambos gobiernos clarifiquen su postura sobre el Sahara.

Por su parte, a principios del segundo semestre de 2021, Argelia -principal aliado del Frente Polisario- rompió relaciones con Marruecos y anunció que rescindiría el contrato del gasoducto que le brindaba a este los derechos de paso del gas destinado a España, y le cerró su espacio aéreo. En el Consejo de Seguridad, no se ocultaron las tensiones cuando se discutía la resolución que extiende un año el mandato de la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso).

Pese a lo anterior, los réditos del pulso se evidenciaron, primero de forma no muy clara, cerrando el 2021 Berlín reitera su compromiso con el proceso liderado por la ONU para el Sáhara, y apoyará “un resultado político justo, duradero y mutuamente aceptable sobre la base de la Resolución 2602 (2021) del Consejo de Seguridad”, y de forma contradictoria añade que “Marruecos hizo una importante contribución a dicho acuerdo en 2007 con un plan de autonomía”. Sin embargo, lo aclara a inicios de este año Frank-Walter Steinmeier, presidente alemán, quien invita a una visita oficial al rey Mohamed VI de Marruecos, donde señala que “Alemania considera el plan de autonomía presentado en 2007 como un esfuerzo serio y creíble, y buena base para llegar a un acuerdo en este conflicto regional”.

Hace unos días, el gobierno de Sánchez anunciaba un cambio de posición sin precedentes, calificando el plan de autonomía marroquí como “la base más seria, realista y creíble” para lograr la resolución del conflicto. Y ha querido justificar el giro explicando que debían ir más allá de la posición alemana, por la necesaria colaboración de Marruecos en materia de inmigración, lucha contra el yihadismo e interdependencia económica, además, que la nueva posición se enmarca en la Resolución 2602 (2021). No obstante, el numeral 2 de la parte resolutiva solo “pone de relieve la necesidad de alcanzar una solución política a la cuestión del Sahara Occidental que sea realista, viable, duradera y aceptable para todas las partes y esté basada en la avenencia”.

Desde el plan Baker II, el debate se centra en una amplia autonomía por pocos años y luego el referéndum, frente a una autonomía sin referéndum. España se acaba de inclinar por lo segundo.