Los intereses estadounidenses que aprovechan políticos y candidatos presidenciales nos están llevando a una crisis institucional irreversible y un precedente muy peligroso para la región. La “Doctrina Trump”, para criminalizar y detener a Petro, es presenciar un reloj de arena donde cada grano que cae es una injerencia para la pérdida de la soberanía nacional.

Cambio revela esta doctrina como una premonición que advierte una escalada sobre la tensión existente entre Washington y Bogotá. Se trata de un documento que detalla cinco fases para llevar al presidente Gustavo Petro a la cárcel. El texto expone una estrategia que se viene cumpliendo paso a paso y que representaría un precedente peligroso de intervención política externa dirigida al encarcelamiento de un jefe de Estado latinoamericano en ejercicio.

Esto surge de una fotografía captada en el Salón Oval por una fotógrafa de la Casa Blanca, cuya imagen muestra al subjefe de Gabinete, James Blair, con una carpeta convenientemente semiabierta con fotomontajes: Petro y Maduro con trajes naranjas de convictos y con el mismo fondo que se utiliza para las fotos de arrestos policiales. Tras un acercamiento detallado, se aprecia el título y argumento del texto que son tan o más explícitos que el fotomontaje The Trump Doctrine for Colombia and the western hemisphere. Se argumenta que el Gobierno de Colombia ha sido “tomado” por Gustavo Petro, elegido -no por colombianos-, sino por el apoyo de carteles de la droga.

La hoja de ruta de esta “Doctrina” consta de cinco etapas diseñadas para criminalizar a Petro de forma progresiva: Primero, designar como organizaciones terroristas a grupos y estructuras criminales con los que negocia su paz total. Segundo, apoyar a los líderes colombianos proestadounidenses, lo que en este momento es muy relevante si se considera la época electoral de Colombia, el centenar de precandidatos presidenciales donde la mayoría son de derecha y la cercanía de Bernie Moreno con Álvaro Uribe.

En tercer lugar, imponer sanciones selectivas contra Petro, su familia y asociados. Cuarto, combatir las acciones criminales corruptas y antiestadounidenses, y quinto, iniciar una investigación exhaustiva sobre su campaña y su “financiamiento extranjero”. Esta última fase se funda en la teoría de Moreno, que apoyan sectores de derecha colombianos, que dice que dinero de Venezuela y de organizaciones criminales aportaron a la campaña del hoy jefe del Estado en 2022 (Pacto de La Picota que supone acuerdos con presos para canjear beneficios judiciales a cambio de apoyo en las elecciones de hace tres años).

No defendemos a Petro, sino nuestra soberanía, incluso a los que por réditos electorales no les molesta la injerencia y que mañana, en ejercicio del poder, rechazarán. El 16 de septiembre Colombia fue descertificada en la lucha contra las drogas; el 27 del mismo mes se le revocó la visa al presidente; el 19 de octubre Trump señaló a Petro como narcotraficante; el 21 de octubre se dio la reunión de Trump con senadores republicanos donde -convenientemente- se deja ver el texto y el fotomontaje; cuatro días después, los allegados de Petro, esposa, Ministro del Interior y él mismo, fueron incluidos en la Lista Clinton; y el 30 de octubre se solicitó la inclusión de tres estructuras criminales en la lista de organizaciones terroristas ¿Qué sigue?