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El reciente acuerdo petrolero entre EE.UU. y el régimen venezolano, cacareado con una narrativa de un mutuo beneficio y pragmatismo económico, no solo deja dudas sobre el beneficio -la realidad del mercado lo desmiente- sino, y es lo más grave, revela una preocupante capitulación de la soberanía de Venezuela, que legitima a Delcy Rodríguez y posterga, de forma deliberada, la transición democrática.

Donald Trump afirma que Venezuela “no está preparada” para celebrar elecciones y con esa frágil justificación consolida el statu quo del régimen liderado por Delcy Rodríguez. Este balón de oxígeno financiero, que brinda Washington a cambio de concesiones petroleras extraordinarias, prioriza el control del crudo sobre las libertades civiles, toda vez que condiciona la democracia a una supuesta “estabilización” previa. ¿Se trata de una maniobra geopolítica para legitimar un régimen que se ha mostrado sumamente útil a los intereses estadounidenses, postergando indefinidamente la posibilidad de un mandato soberano expresado por el pueblo? Críticos y opositores consideran que una verdadera estabilidad económica es fruto de la seguridad jurídica. Las inversiones no se obtienen mediante pactos opacos a puerta cerrada.

Adicionalmente, Donald Trump asevera que este acuerdo aliviará los bolsillos de los americanos al bajar el precio de la gasolina, no obstante, la banca de inversión como UBS y Citi, junto a firmas especializadas como Rystad Energy, desmitifican este optimismo, señalando que la golpeada infraestructura petrolera de Venezuela, tras años de desinversión y fallas eléctricas, tardará décadas en recuperarse significativamente.

La producción de Venezuela se encuentra en niveles históricamente bajos y restablecerla -previas inversiones colosales- requerirá un largo tiempo. Así, se desvirtúa cualquier impacto inmediato en el mercado global. Desconocer que el precio del crudo está condicionado por factores geopolíticos de mayor peso, como el conflicto que inició el propio Donald Trump en el estrecho de Ormuz, no es más que una débil argumentación pensando en minimizar el impacto de la guerra frente a las elecciones de medio término.

Finalmente, la falacia de “ganar-ganar” cuando se entrega el control de 17 campos petroleros -que representan 22% de las reservas probadas de Venezuela- por un período que Washington proyecta a 100 años, no es un buen negocio para los venezolanos, que sacrifican soberanía y recursos por un siglo.

Como si fuera poco, la opacidad del consorcio ejecutor, North American Blue Energy Partners, del que EE.UU. se convertirá en inversor mayoritario (55%), capitaneado por Alejandro Betancourt, un empresario investigado internacionalmente por lavado de dinero y desfalco a la propia Pdvsa, llena de suspicacias a propios y extraños infiriendo sospechas de corrupción y tráfico de influencias.

En fin, si alguien dudaba que la riqueza natural de Venezuela acabaría en manos de Donald Trump cuando ordenó atacar Caracas y secuestrar a Nicolás Maduro, esas dudas ya se habrán despejado, y todo esto es posible porque se vale de una líder no elegida por sus ciudadanos que colabora irrestrictamente con él.

Estamos lejos de un pacto entre naciones soberanas; se trata de una transacción mercantilista que despoja a los venezolanos de su patrimonio sin transparencia ni fiscalización pública. Soberanía hipotecada a conveniencia de dos regímenes sin escrúpulos.