La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), a finales de 2019 se refirió a las acciones militares de Israel en la guerra de Gaza de 2014 y a la construcción de asentamientos de colonos en Cisjordania como “indicios racionales” que deben examinarse. Hace un año, la fiscal de entonces, Fatou Bensuda, comunicó la apertura formal de una investigación por crímenes de guerra cometidos en Palestina a partir de junio de 2014, que no solo implica a Israel sino también a las milicias de la franja de Gaza (Hamás y la Yihad Islámica).

Para Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí en ese momento, la decisión fue sesgada y “puro antisemitismo” no solo porque la CPI no tenía jurisdicción, sino porque consideró que los soldados, que luchan contra el terrorismo, son terroristas, y que construir casas en Jerusalén es un crimen de guerra. Olvidaba que la adhesión de la Autoridad Palestina al Estatuto de Roma no depende de que Israel lo considere un Estado reconocido, que en Gaza durante la guerra de 2014 perdieron la vida 2.500 palestinos, de los cuales dos terceras partes eran civiles; y 73 israelíes, de los que 67 eran militares, y que también se investiga la expansión de los asentamientos y la demolición de viviendas palestinas en Cisjordania y Jerusalén este.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos -entre ellas Human Rights Watch y B’Tselem- vienen señalando una práctica de discriminación racial en contra de la población palestina y en un reciente y demoledor informe de 182 páginas, Amnistía Internacional (AI), sin eufemismos, también llama a esta práctica apartheid israelí. El informe detalla prácticas sistemáticas y sostenidas que evidencian una discriminación institucionalizada de la población palestina. Se trata de homicidios ilegítimos, traslados forzosos, confiscaciones masivas de tierras y propiedades, negación de la nacionalidad y la ciudadanía, restricciones a la circulación, entre otras conductas. AI considera que estos hechos encajan perfectamente con la definición que da del término el Estatuto de Roma, “son elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale a apartheid (...) con violaciones de derechos que, constituyen un crimen de lesa humanidad”.

Por tanto, recuerda la consiguiente obligación de actuar en consecuencia contra esto. De ahí que pida a la CPI que incluya el delito de apartheid en sus investigaciones en curso y que reclame a los Estados que ejerzan la jurisdicción universal para juzgar a los responsables.

En una insólita reacción Yair Lapid, ministro de relaciones exteriores israelí, circuló un video pidiendo que no se difundiera el “radical” informe, pues “niega el derecho a existir de Israel como Estado nación del pueblo judío con un lenguaje que le demoniza y que echa leña al fuego del antisemitismo”.

Entre tanto, la secretaria general de AI señalaba que “vivan en Gaza, Jerusalén Oriental, Hebrón (Cisjordania) o en la propia Israel, los palestinos son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos”, y el exfiscal general y exmagistrado del Tribunal Supremo de Israel, Michael Ben Yair, denuncia que millones de palestinos son despojados de sus derechos siguiendo un patrón de discriminación racial similar al que rigió en Sudáfrica. ¿Todo un modus operandi avalado por el sistema legal israelí?