Colombia, tierra de espionaje, filtración y chuzadas

Como si se tratara de una película de acción al mejor estilo de Hollywood, en Colombia existe una larga trayectoria de filtraciones, espionaje y chuzadas que afectan a los poderes que constituyen nuestro país. Los escándalos mediáticos con tintes militares y políticos han marcado nuestras décadas, exponiendo las vulnerabilidades en todas las esferas del poder.

Desde las vergonzosas chuzadas del DAS hasta las inmemorables filtraciones del caso Odebrecht, Colombia ha sido testigo de una serie de escándalos que solo exponen el nivel desmesurado de la corrupción en nuestra sociedad. El último escándalo lo encabezan los chats de Sneyder Pinilla, los cuales comprometen seriamente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Pero más allá del debate sobre estos explosivos chats, quiero resaltar que estamos en una era netamente digital. La tecnología ha democratizado el acceso a la información, haciendo posible que cualquiera, literalmente cualquiera, con las herramientas o relaciones adecuadas, pueda obtener datos sensibles. Aplicaciones de mensajería, almacenamiento en la nube y software de espionaje como Pegasus se han convertido en armas de doble filo.

Estas herramientas han permitido destapar casos de corrupción que, de otra manera, habrían permanecido ocultos. Sin embargo, el principal tipo de filtración sigue siendo el humano. El dilema es que, paradójicamente, muchas de las personas que terminan entregando esta información a las unidades de Investigación de los medios de comunicación tienen intereses políticos. Son proclives a denunciar la corrupción de sus opositores, pero ocultan la corrupción que los rodea en su propio entorno, de tal modo que “sólo alguna información se puede revelar”. Como el clásico caso del político que denuncia y expone documentos que demuestran una contratación irregular por parte de su opositor, pero no puede comunicar que previamente ha contratado, incluso con el mismo proveedor y bajo las mismas condiciones, porque la corrupción solo sirve cuando es otro quien la realiza.

¿Puede un corrupto denunciar la corrupción? ¿Cómo podemos confiar en la veracidad y la intención detrás de estas filtraciones cuando los propios filtradores no están libres de culpa? Este es un dilema ciertamente ético y filosófico. Kant diría que la veracidad de una denuncia debe ser evaluada por su conformidad con la verdad y no por el carácter de quien la hace. Según su imperativo categórico, la confianza en la veracidad depende de la evidencia objetiva presentada, no del historial del denunciante.

La línea entre lo ético y lo ilegal a menudo se difumina en el tribunal de la opinión pública, donde la información filtrada puede tener consecuencias inmediatas y devastadoras para los involucrados, independientemente de su autenticidad. Esta realidad nos obliga a ser más críticos y cuidadosos al evaluar las intenciones y la veracidad de las filtraciones, recordando siempre que, aunque la tecnología facilite la exposición de la corrupción, también plantea nuevos desafíos en la protección de la información y los derechos individuales.

En esta era de millennials, centennials y de nativos digitales, la lucha contra la corrupción se ha vuelto más compleja y multifacética. Si bien la tecnología ha democratizado el acceso a la información, también ha abierto puertas a prácticas cuestionables y a intereses oscuros. La verdadera batalla no solo reside en destapar actos corruptos, sino en garantizar que los principios de transparencia y justicia prevalezcan, independientemente de quién denuncie y con qué intenciones lo haga.

Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más ética y justa, donde la verdad no sea manipulada por quienes buscan su propio beneficio.