La ecuación del Gobierno Digital en Colombia, más que una expresión matemática, parece ser un juego de magia. Las normativas se multiplican exponencialmente, eclipsando cualquier intento de solución práctica.

En este espectáculo, el Gobierno actual se destaca por su habilidad sobrenatural para atribuirse éxitos ajenos, cambiando nombres y añadiendo el mágico “Para el cambio”, “Para la vida” a todo, literalmente a todo, como si fuera el truco de magia más eficiente y repetitivo de la historia.

Pero, ¿qué es realmente esta política de Gobierno Digital y por qué deberíamos prestarle atención? En teoría, es el manual de instrucciones para que el gobierno colombiano modernice sus procesos utilizando tecnología. Lo básico. En la práctica, es un desfile interminable de normas y decretos que cambian más rápido que los trends en TikTok, alimentando el ego del Gobierno de turno.

Ah, las normas en Colombia, un tema recurrente en el guion presidencial. El Gobierno Actual avanza a toda máquina con la expedición de resoluciones y normas para reglamentar una cosa y la otra, lo que sea, sirve.

La política actual, ya corre riesgo, esa misma que fue numerada como si fuera la combinación de una caja fuerte, cortesía del Gobierno Duque, sustituyendo al Decreto 1008 de 2018, cortesía del Gobierno Santos, y este a su vez reemplazando la estrategia del Decreto 1151 de 2008, de Gobierno en Línea del Gobierno Uribe, que parece tener más nombres que Maluma.

Pero la fiesta normativa no termina ahí. Tenemos el Decreto Ley 2106 de 2019, el Conpes 3975 de 2019, la Ley 2052 de 2020 con su inseparable amigo el Decreto 088 de 2022, el Decreto 620 de 2020, que actualiza el “Habilitador” Servicios Ciudadanos Digitales de la Política de Gobierno Digital, cuyo responsable es la polémica Agencia Nacional Digital.

En medio de este desfile, la implementación de la tan alardeada Política de Gobierno Digital parece tan real como el Gol de Yepes. La innovación pública, esa, la Kim Kardashian de la estrategia, ha decidido tomarse unas vacaciones eternas durante este gobierno. ¡Quién lo diría! Nadie la ha visto.

Y, por supuesto, no olvidemos la concepción de los datos como activos estratégicos. Aunque se le dedica todo un articulado en el Plan Nacional de Desarrollo, su valor se deprecia más rápido que la moral de un político en campaña.

Pero, el aspecto más trágico de esta política es el fortalecimiento de las habilidades digitales en la administración pública. Ah, pero, nombres lindos sí tenemos; “40.000 cursos de talento Tech para el cambio”, “Formación Tic para el cambio”, entre otras, suenan tan emocionantes como una película de acción, pero la realidad es que parece más un truco de ilusionismo. ¡Cómo no emocionarse ante tan innovador y creativo nombre! Seguro, después de esos cursos, hasta la impresora sabrá programar en Python. Aunque celebro todos los tipos de educación, la realidad es un poco más compleja.

Una de las notorias problemáticas en este ámbito ha sido la persistente desconexión entre el Estado, la academia y los numerosos profesionales con talento en TIC que han sido formados desde la primera convocatoria de Gobierno Electrónico en 2016.

Aunque la iniciativa de financiar estudios de posgrado en áreas TIC es loable y de gran importancia, el gobierno ha pasado por alto estos talentos. ¿Cuántos de los profesionales beneficiados por convocatorias como el “Fondo TIC” o “Un Ticket para el Futuro” están actualmente liderando iniciativas tecnológicas en el país? Contados los casos. A pesar de que el gobierno ha otorgado más de 2.000 becas de especialización y maestría, estos profesionales se ven impedidos de ejercer roles para los que fueron formados debido a la falta de oportunidades para ingresar a la función pública. Estos cargos continúan siendo asignados a personas vinculadas a la política del momento, lo que decida el Honorable Senador o el Señor Ministro.

La situación se convierte en una auténtica paradoja: aunque más de 2.000 profesionales especialistas y másteres han sido beneficiados con becas o créditos condonables, no hay rastro de una base de datos que los pueda caracterizar para aprovechar semejante talento. Sin embargo, esta carencia parece ser insignificante, ya que el Gobierno, con su inigualable sentido de la lógica, prefiere confiar contratos de prestación de servicios a individuos que podrían perderse en un laberinto de cables, en lugar de otorgar roles técnicos a aquellos que han sido meticulosamente pulidos por el mismo Estado.

El desfile de cifras es impresionante: becas para aquí, cursos para allá, pero la realidad es que los más de 2.000 especialistas y magísteres TIC becados por el Gobierno hoy están más desaprovechados que un meme de Julia Roberts.

Con el correr del tiempo, lo que inicialmente prometía ser una iniciativa genuina y auténtica, el Messi de la estrategia de Gobierno Digital, ha perdido nitidez. En la actualidad, podemos observar la vigencia de la convocatoria “Formación TIC para el Cambio”, una suerte de reciclaje del programa “Un ticket para el futuro” del Gobierno Duque, al que, por supuesto, el nuevo gobierno le cambió el nombre.

Frente a esta convocatoria, han surgido diversas irregularidades, destacando una confusión considerable en cuanto a las condiciones para aplicar a dicha beca. Sumado a esto, la gestión técnica deficiente del Icetex complica aún más la situación al no lograr establecer claramente los criterios para la selección de los postulantes. Mientras a algunos les informan que “Formación tic por el cambio” es una novedad, a otros les rechazan sus solicitudes simplemente porque el sistema muestra que han aplicado al mismo fondo con el nombre de “Un ticket para el futuro”. En resumen, el panorama resulta ser aterrador.

No todo siempre ha sido malo; en el 2019 nos permitimos soñar con un Gobierno Transparente y fuimos premiados con el tercer lugar del índice de Gobierno Digital de la Ocde, un verdadero orgullo. Tuvimos la capacidad de medir nuestro índice, no sólo a nivel nacional, sino a nivel del territorio, donde radican las verdaderas brechas.

Solíamos hablar sobre innovación pública digital y modelos de gobernanza, sin embargo, del modelo premiado solo ha quedado una página web e informes cuya última medición data de julio de 2022. Aunado al hecho de que, según el Banco Mundial, somos el país que ocupa el puesto 94 de 141 en el Índice de Habilidades Digitales del Foro Económico Mundial. Es muy triste que la capacidad de nuestros funcionarios públicos para generar valor agregado a través de la adopción de tecnologías digitales sea prácticamente nula.

El talento digital en Colombia es innegable, pero está desperdiciado, trabajando en cualquier cosa menos en tecnología. Mientras no haya una estrategia coherente para aprovechar y crear oportunidades para este talento, la política de Gobierno Digital seguirá siendo una ilusión matemática sin resultado positivo.

Recuperar el rumbo y avanzar requiere un liderazgo sólido respaldado por un conocimiento profundo. Es esencial garantizar la continuidad de las políticas más allá de los cambios gubernamentales, superando egos e intereses personales. La reactivación de mediciones y evaluaciones constantes se vuelve crucial para asegurar resultados palpables.

En este proceso, la colaboración firme entre el Estado, la academia y la ciudadanía se presenta como una necesidad vital, priorizando el diseño de servicios centrado en la comunidad.

La confianza en la innovación pública debe restaurarse como una herramienta fundamental para la transparencia y la buena gobernanza. Además, es imperativo generar nuevas oportunidades en todos los sectores para los más de dos mil profesionales TIC, quienes anhelan contribuir con sus conocimientos al Estado que los formó. La confianza, una vez perdida, debe ser reconstruida para avanzar con éxito hacia un futuro para la vida. Ese es el verdadero cambio.