En Colombia, la palabra “constituyente” dejó de ser una figura jurídico-política para convertirse en un instrumento de poder. Cada actor la invoca según su conveniencia. Cuando el poder se siente incómodo, reconfigura las reglas; cuando se siente cómodo, las blinda.

Ahí está Iván Cepeda, acogiendo tímidamente una constituyente en sintonía con la propuesta del gobierno, no como expresión del poder constituyente originario, sino como respuesta a la derrota política de sus reformas en el Congreso. Cuando el poder constituido no logra imponer su agenda, recurre al pueblo, pero lo hace desde el poder: una forma invertida de soberanía. No es que la constituyente sea el problema, sino su uso como recurso político. Unas veces como salida a esa derrota y otras bajo fórmulas más amplias como el “acuerdo nacional”, que el propio Cepeda ha insinuado. En ese punto, la soberanía deja de residir en el pueblo para quedar en manos de quien decide si puede ejercerse.

En la otra orilla, Paloma Valencia se opone, defendiendo la Constitución del 91 como un referente que conviene preservar. Esa postura, comprensible desde la preocupación por la estabilidad institucional, tiende, no obstante, a producir un efecto que trasciende la intención que la anima: termina protegiendo al establecimiento y preservando las condiciones que han favorecido históricamente a quienes ya detentan el poder.

Luego aparece Sergio Fajardo, quien propone algo aún más sofisticado: blindar la Constitución para sustraerla del debate durante varios períodos. Es decir, no solo se posterga la discusión, sino que se congela deliberadamente. En nombre de la estabilidad, se termina por clausurar la posibilidad misma de ejercer el poder constituyente. Se trata de una apuesta especialmente peligrosa, porque consolida la supremacía del poder constituido y limita la activación de la soberanía popular en la redefinición del orden constitucional. Lo que se presenta como una salida prudente y bien intencionada, en realidad implica una de las formas más intensas de neutralizar al soberano.

En medio de este escenario, aparece una posibilidad distinta, disruptiva. No una certeza, sino una hipótesis política. Abelardo de la Espriella, quien ha insistido en su respeto por la Constitución del 91, no ha planteado aún una salida en estos términos. Sin embargo, si hay alguien que podría encarnar una ruptura real con esa lógica de control del poder constituyente, es él. No porque tenga todas las respuestas, sino porque no hace parte del establecimiento que hoy concentra y administra el poder. En un orden constitucional que ha terminado otorgando privilegios desproporcionados a la élite política, resulta razonable pensar que una candidatura por fuera de ese circuito pueda abrir la discusión que otros evitan.

No se trata de promover una constituyente; lo políticamente sugerente es otra cosa: que desde esa campaña se proponga al pueblo la institucionalización de un proceso constituyente deliberativo ampliado, apoyado en herramientas contemporáneas de participación, con innovación en sus mecanismos de deliberación, como condición previa a cualquier asamblea constituyente. Un proceso que organice la discusión y la legitime. Porque es allí, y no en la asamblea misma, donde se configura el momento originario de la soberanía, en el que la ciudadanía define por sí misma el rumbo de la nación. Negarle al pueblo esa posibilidad es desconocer su soberanía; reconocerla es permitirle ejercerla.

Ahí está el punto que incomoda a todos. En coherencia con el espíritu de la Constitución del 91, que reconoce al pueblo como titular de la soberanía, se exige algo que ni el gobierno ni el establecimiento parecen dispuestos a aceptar: que el Congreso deje de ser el filtro de la voluntad popular en asuntos fundacionales. No se trata de una inconstitucionalidad formal, sino de una tensión más profunda, porque, aunque la Constitución reconoce la soberanía popular, su ejercicio sigue pasando por la habilitación del poder constituido. En ese punto, la asimetría es evidente: cuando el pueblo necesita autorización para ejercer su soberanía fundacional, deja de ser plenamente originaria.

Resulta paradójico que, en ese mismo desplazamiento, la idea de un “acuerdo nacional” sea retomada por Iván Cepeda más como una fórmula de agregación electoral que como una apuesta real por abrir el poder constituyente. Pretender que el Congreso canalice el poder constituyente es, en el fondo, una forma sofisticada de usurpación. Lo más problemático no es solo que ocurra, sino que la propia Constitución lo permita. Ahí emerge la verdadera tensión: un diseño que, en lugar de garantizar la expresión directa de la soberanía popular, la condiciona. Corregir esa asimetría no es un gesto contra el orden constitucional, sino a favor del principio que lo funda: que la soberanía reside en el pueblo.

Más allá de simpatías personales, hay un argumento que merece ser considerado. Apostarle a alguien como Abelardo de la Espriella cambiaría la ecuación, no solo por lo que representa hoy, sino por lo que podría encarnar: impulsar, desde su campaña, un proceso constituyente deliberativo, inédito y sui generis, que restituya al pueblo el ejercicio efectivo de su poder constituyente. Si asumiera ese liderazgo, si hiciera suya esa causa y se atreviera a impulsarla, no estaría simplemente compitiendo por gobernar, sino habilitando una discusión que el establecimiento ha evitado durante décadas.

Ahí está la clave: no se trata de certezas, sino de quién está dispuesto a capitalizar los efectos políticos de abrir lo que hoy permanece clausurado. Se trata de apostar por alguien que no depende del sistema, que no tiene incentivos para preservarlo y que, en términos reales, no tiene nada que perder. En un escenario donde casi todos calculan lo que pueden conservar, quien no tiene nada que proteger es, paradójicamente, quien puede abrirlo todo. En política, a veces, eso es lo verdaderamente revolucionario. Al final, el problema no es la constituyente, sino la soberanía popular usurpada por el poder constituido.