Vuelta cero: El oneroso costo de la política actual

El cálculo político en Colombia ha mutado en un modelo de negocio del que pocos quieren retirarse. Lo que originalmente se concibió como un mecanismo de democracia interna, la llamada “vuelta cero”, ha derivado en una fragmentación sin precedentes que hoy le pasa una factura al erario. Hemos transitado de una política de dignatarios contables con los dedos de una mano a una diáspora de aspirantes que ven en la papeleta no solo un honor, sino una plataforma de visibilidad y réditos económicos innegables. En este escenario, la legitimidad de querer ocupar la Casa de Nariño parece haber claudicado ante el incentivo de la dispersión partidista.

Pero ¿dónde reside el verdadero quid del asunto? La respuesta es tan sencilla como estratégica. Ante el rigor de la Ley 1475 de 2011, que restringe la publicidad en espacio público y medios de comunicación a solo tres meses antes de los comicios, las consultas se erigen como el vehículo para burlar el cronograma electoral sin infringir la norma. Se trata de una “vuelta de tuerca” legal que permite una exposición mediática prematura y financiada, en gran medida, por el bolsillo de los contribuyentes.

Paso seguido, esta instancia se consolida como un mecanismo de apalancamiento financiero para los aspirantes. El sistema de reposición de gastos por voto, que para el actual ciclo electoral se ha fijado en $8.287, ofrece un respaldo económico que beneficia tanto a los ganadores como a quienes no logran la victoria, siempre que cumplan con los umbrales legales. En la práctica, este esquema mitiga el riesgo financiero de las campañas y asegura un flujo de recursos que, si bien busca democratizar el acceso al poder, termina incentivando una proliferación de candidaturas que dependen del presupuesto público para su sostenimiento y promoción inicial.

El alcance de estas brechas normativas quedó en evidencia cuando un precandidato intentó participar simultáneamente en dos consultas, una maniobra que habría abierto la puerta a una doble reposición de gastos. Más allá del debate jurídico, este episodio subrayó cómo el sistema actual permite capitalizar la controversia como una estrategia de posicionamiento. En lugar de una sanción social, el disenso legal se tradujo en un incremento exponencial de su presencia en medios masivos, redes sociales y en la opinión pública. Así, la polémica no solo sirve como una herramienta de promoción gratuita, sino que refuerza el incentivo de utilizar las consultas para maximizar la visibilidad personal a expensas del debate programático.

Es el momento de elevar un debate de fondo antes de que, como una bola de nieve, el ejercicio proselitista rebase las lógicas económicas y el contexto social. La política colombiana no puede seguir operando bajo un esquema de incentivos que premia la fragmentación y el personalismo por encima de la coherencia programática. Si no se corrigen estas fisuras, corremos el riesgo de que las consultas dejen de ser un puente hacia la democracia para convertirse en un oneroso peaje que todos los colombianos estamos obligados a pagar.