El mercado de los derechos de autor en Colombia -que es el corazón de la industria creativa- se parece cada vez más a una triste fiesta en la que casi nadie baila.

Los artistas y creadores de los contenidos, que con su talento componen, escriben, actúan y cantan, van a la fiesta pero no bailan. Los usuarios de las obras, aunque pagan la boleta de la fiesta -pues a ellos se les cobra por el derecho a usar las obras creadas por los artistas y creadores, tampoco bailan.

¿Pero quién baila entonces en una fiesta con tantas caras largas?
Bailan los de siempre: Sayco, Acinpro y otras Sociedades de Gestión Colectiva (SGC), que aunque son solo intermediarias entre los creadores y los usuarios, son los únicos que disfrutan la fiesta.

El problema que enfrenta el mercado de los derechos de autor se ha hecho visible porque varios artistas han denunciado que Sayco les ha hecho cobros desproporcionados por interpretar sus propias obras en espectáculos virtuales.

Pero ojo: el problema no es nuevo ni se limita solo a los artistas y creadores.
Los usuarios de las obras han sido por mucho tiempo víctimas silenciosas: han sufrido por años los mismos abusos que hoy denuncian los artistas y empresarios. A restaurantes, hospitales, aeropuertos, hoteles, tiendas de barrio, centros comerciales, operadores de televisión, bares y empresas de transporte, entre muchos otros, les cobran sumas desproporcionadamente altas que nadie sabe bien cómo se fijan. En muchos casos se trata de sumas tan altas que simplemente hacen inviables los negocios.

¿El resultado? Se asfixia un mercado que hoy más que nunca debería florecer.
Ante esta realidad, el Congreso y el Gobierno tienen hoy una oportunidad de oro para evitar que los abusos de las Sociedades de Gestión Colectiva marchiten la industria de creación de contenidos.

Aunque las fórmulas de solución pueden ser muy variadas -y el problema no es sencillo- para que la solución sea efectiva a largo plazo debe enfocarse en enfrentar el origen último del problema: el potencial de abuso de la posición dominante que tienen las SGC en los mercados en los que operan.

Las herramientas legales para ello están sobradamente justificadas: justamente para enfrentar este tipo de problemas, el artículo 333 de la Constitución establece para las autoridades el mandato de evitar y controlar “cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”.

Controlar ese potencial de abuso permitiría al mercado contar con unas tarifas equilibradas (no abusivas) con las que el recaudo de las SGC aumentaría con el tiempo: los usuarios tendrían estímulos para usar cada vez más contenidos y los autores encontrarían motivación suficiente para participar en los procesos creativos.

Allí deben enfocarse todos los esfuerzos para que en el mercado de derechos de autor no bailen solo unos pocos.