Una canciller que aspiraba a ser secretaria general de las Naciones Unidas; un presidente ganador del Nobel quien también, en su momento, quería estar en la ONU; un gobierno impopular con alta aprobación, pero únicamente, en el manejo de las relaciones internacionales y, paradójicamente, un servicio diplomático vergonzoso; esto solo pasa en Colombia. Hoy, la corrupción es de tal envergadura que la noticia de que un tribunal tumbó la designación del presentador Carlos Calero como cónsul de San Francisco no tuvo trascendencia. Más críticas se hicieron cuando fue nombrado; no obstante, esto era de esperarse.
Los colombianos parecen anestesiados. Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, fiscales anticorrupción y senadores más votados del país, entre otros, están involucrados en un entramado de corrupción. Lo peor es que en la calle todo el mundo anda como si no ocurriera nada. Debemos reaccionar ante semejante podredumbre. No pretendo comparar el caso de Calero con las faltas mencionadas sino con el común denominador que es el clientelismo. La red de favores para ocupar cargos importantes en el Estado por parte de personas no capacitadas, o con intenciones non sanctas, son la base de la corrupción.
La canciller, quien se enorgullece de su seriedad, el año pasado, justificó el nombramiento de Calero en la necesidad de un servidor con “don de gente”. Esta variable aporta, pero ¿dónde quedan los estudios afines, la experiencia y la trayectoria en la maltratada carrera diplomática?
Lo indignante es que la actual canciller renunció a la embajada ante la ONU durante el gobierno de Uribe porque quienes habían sido nombrados no cumplían las calidades exigidas para el cargo.
Weber, en su ensayo “Política como vocación”, habla de la ética de la responsabilidad y de la ética de la convicción. Para él, la primera se centra en actuar de acuerdo con los valores, sin importar el resultado de la acción; la segunda implica ponderar las consecuencias de los actos.
La canciller actuó bajo la ética de la convicción al renunciar a su cargo. Sin embargo, desde que asumió el actual puesto pareciera que desconoce los postulados weberianos. Lo digo porque el actual servicio diplomático está plagado de familiares de parlamentarios y personas sin capacidad profesional, que ella tanto criticaba. La decisión del tribunal es un fallo histórico que de aplicarse marcaría un punto de quiebre en nuestro país y dejaría muy mal parada a la mencionada funcionaria.
Las cifras son aterradoras. Solo diez, de sesenta embajadores, están en la carrera mientras que 80% de todos los cargos diplomáticos es por favores. Esto no tiene presentación en un país serio. En Estados Unidos, 70% de los embajadores acceden por meritocracia; mientras que en Chile y Francia 80%y 98%, respectivamente, lo hacen de esa manera.
Es legítimo que existan cargos políticos -tal como lo explica el profesor Bromberg-, pero debe ser “por encima de la mesa” para que exista una responsabilidad política frente a los electores. Es inaceptable que nadie responda por la mala gestión o la corrupción.
Estamos poniendo lo más sagrado de un país desarrollado -que es su cuerpo diplomático- en manos de quienes no son los más aptos. Un claro reflejo de nuestra afligida y laxa sociedad.
Mientras estas prácticas clientelistas se mantengan nuestra democracia seguirá siendo deslegitimada.