El sistema fiscal cumple un papel determinante en la forma como un país enfrenta sus desafíos sociales y económicos. Más allá de su función recaudatoria, los impuestos son una herramienta de política pública para reducir desigualdades y fortalecer la estabilidad macroeconómica. En periodos de incertidumbre o desaceleración o crisis, su diseño puede marcar la diferencia entre una recuperación inclusiva o una profundización de las brechas existentes.
En el caso colombiano, la estructura tributaria presenta debilidades históricas. Una parte considerable de los ingresos proviene de impuestos indirectos, como el IVA, que impactan con mayor intensidad a los hogares de menores recursos. Esta realidad reduce el potencial redistributivo del sistema y limita la capacidad del Estado para responder de manera equitativa ante la crisis.
Durante los últimos años, los efectos de esa estructura se han hecho más visibles. La presión fiscal sobre el consumo restringe el poder adquisitivo de los sectores populares, mientras que la menor contribución de los capitales de alto ingreso reduce el margen fiscal para inversión social o infraestructura. La experiencia internacional demuestra que un esquema tributario progresivo y transparente permite sostener políticas contracíclicas más efectivas, al tiempo que promueve la confianza en las instituciones.
La modernización del sistema tributario debería orientarse, por tanto, a equilibrar eficiencia y equidad. Esto implica simplificar la normativa, fortalecer la lucha contra la evasión. Al mismo tiempo, requiere asegurar que los recursos públicos se traduzcan en bienes y servicios de calidad, con rendición de cuentas y control ciudadano. Sin legitimidad en el gasto, cualquier reforma pierde respaldo social.
Construir una política fiscal más justa no es solo una tarea técnica, sino una condición para la estabilidad económica de largo plazo. Una tributación bien estructurada mejora la distribución del ingreso, impulsa la inversión pública productiva y refuerza la cohesión social. En un entorno global cada vez más incierto, Colombia necesita un sistema impositivo que combine responsabilidad fiscal con justicia distributiva: un modelo capaz de sostener el crecimiento sin dejar a nadie atrás.