La tecnología como uno de los instrumentos de mayor incidencia en la transformación social actual anticipa que este fenómeno llegó para quedarse, dándole al mundo un viraje hacia uno más interconectado, globalizado y abierto a la ciudadanía. Las fronteras geográficas cada día trascienden menos pues en la realidad de hoy estamos ante un mundo paralelo que abraza en su totalidad lo cultural, económico y político; un mundo que con creces supera la arena de lo físico, un mundo impalpable pero indispensable: el ciberespacio.

La ciberpolítica también es una realidad; el desafío de innovar propone grandes oportunidades para los estados. Los gobiernos tienen en su poder la capacidad de crear nuevas formas de interacción con su ciudadanía, favoreciendo la coordinación efectiva de las instituciones con los recursos tecnológicos a la mano.

No obstante, la ambigüedad de este globo metafísico plantea riesgos inminentes que socavan la fragilidad de los gobiernos a su máxima expresión. La dependencia tecnológica es aprovechada como elemento de presión para actores clandestinos con fines políticamente motivados que buscan desestabilizar los sistemas informáticos de un país causando efectos determinantes e inmediatos sobre el debate público a través del hacking.

Anonymous es el movimiento con más peso y notoriedad dentro del hacktivismo; su principal fuente de poder está en la apropiación ilícita y divulgación de información sensible capaz de desestabilizar y deslegitimar cualquier sistema político sólido al punto de derrocarlo.

Colombia no ha pasado desapercibida y tras la tormenta que vive el país por cuenta del escándalo entre los ex funcionarios del gobierno nacional Laura Sarabia y Armando Benedetti, causa curiosidad el interés de estos ciberactivistas por el jefe de Estado colombiano Gustavo Petro, a quien tienen en la mira y con ello pretenden tras su aparición irrumpir sin tregua.

Llevar a cabo técnicas de ciberterrorismo resulta más cómodo que los atentados convencionales pues con conocimiento informático y equipamiento tecnológico es suficiente para robar información confidencial a un gobierno, interferir en sus comunicaciones, filtrar archivos clasificados, provocar colisiones de aviones y contaminación de agua entre otros; todo esto sin exposición física y con posibilidades ciertamente remotas de enjuiciamiento; por eso el peligro de la era digital para la estabilidad institucional de las democracias actuales resulta inminente.

La línea entre el hacktivismo y el terrorismo digital se percibe cada vez más difusa y la incapacidad de reacción en términos de ciberdefensa por parte de los Estados también lo es; las preguntas son muchas y las respuestas son pocas.

Así pues, el principal reto para los gobiernos democráticos está en consolidar capacidades defensivas, ofensivas y de reacción verdaderamente eficaces que revalúen los escenarios tradicionales de batalla y enmarquen la ciberdefensa como un arma realmente efectiva.

En ese sentido cabe preguntarnos, ¿en qué medida se puede proteger la legitimidad institucional sin restringir o reprimir el poder del activismo político en manos de una ciudadanía cada vez más activa y participativa? La respuesta tampoco es clara.