Tres anuncios del gobierno de Abelardo de la Espriella van concretando su apuesta jurídica para enfrentar el terrorismo urbano y rural. El primero es la presentación del proyecto de ley antiterrorista, que busca dotar al Estado de instrumentos para perseguir a organizaciones criminales, financiadores y colaboradores, y responder a las amenazas contra la población y la infraestructura crítica.
El proyecto contempla un registro nacional de organizaciones y actores terroristas, la congelación de sus activos, nuevos delitos y mayores penas, un régimen penitenciario especial para cabecillas y un alto comisionado encargado de combatir este flagelo. La intención es cerrar el paso a la financiación y al control territorial de estructuras que combinan narcotráfico, extorsión, minería ilegal, secuestro y ataques contra la Fuerza Pública. Son organizaciones que emplean el miedo y la violencia para someter a comunidades, controlar territorios y desafiar al Estado.
Esta respuesta es necesaria frente a grupos que aprovecharon la debilidad del gobierno anterior para ampliar sus corredores criminales y fortalecer sus economías ilícitas. Colombia requiere una política que persiga la cadena terrorista: desde quienes ordenan los ataques hasta quienes suministran armas, dinero, información o apoyo logístico. El Estado debe anticiparse, bloquear recursos y neutralizar capacidades criminales antes de que se traduzcan en atentados. Un segundo aspecto es el proyecto de ley de sometimiento, que pone los puntos sobre las íes frente a la nefasta iniciativa de la “paz total”, que permitió al crimen apoderarse de ciudades y territorios rurales durante la satrapía petrista.
La propuesta parte de una diferencia esencial: las organizaciones criminales no recibirán reconocimiento político ni negociarán el ordenamiento jurídico; tendrán que someterse a condiciones fijadas por la ley y comparecer ante la justicia ordinaria. Se anunciaron beneficios penales condicionados a la colaboración, la entrega de bienes ilícitos y los aportes a la verdad, la reparación y la no repetición.
Ese diseño puede abrir una ruta para desmantelar estructuras que controlan economías ilegales. El sometimiento no puede ser una puerta giratoria que cambie los nombres de los grupos y deje intacto su poder. Los beneficios deben depender de resultados: entrega de armas, desarticulación de redes, devolución de activos y liberación de secuestrados. La ley debe impedir que los jefes conserven fortunas, dirijan sus organizaciones desde prisión o reincidan. La prioridad es recuperar los territorios y conseguir que la criminalidad deje de ser rentable.
Por último, se anunció un protocolo para las protestas. El gobierno propone definir la protesta violenta, establecer cuándo se agota el diálogo y fijar cinco niveles de reacción de la Fuerza Pública. También plantea corredores solidarios para evitar bloqueos permanentes de carreteras y carriles de TransMilenio. El propósito es proteger la manifestación pacífica e impedir que la violencia, el vandalismo y la coacción se disfracen de ejercicio de un derecho.
La distinción es indispensable. Protestar es un derecho fundamental; agredir, destruir bienes públicos, atacar a policías, bloquear ambulancias o paralizar la vida de millones son conductas que exigen una respuesta inmediata. El diálogo será la regla, pero no puede ser una excusa para tolerar delitos ni un obstáculo ante amenazas graves. Cuando aparezca la violencia, la Fuerza Pública debe intervenir con decisión, recuperar el orden y judicializar a los responsables.
Estas tres iniciativas son vitales ante la situación de inseguridad y los estallidos sociales del próximo año, susceptibles de ser infiltrados por organizaciones violentas. Este andamiaje jurídico deberá cumplir los estándares fijados por la Corte Constitucional para preservar su eficacia y evitar su anulación. Las medidas deben acompañarse de inteligencia, operaciones territoriales y coordinación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía.
El país pasó cuatro años viendo avanzar al crimen mientras el Estado retrocedía. La nueva apuesta debe invertir esa ecuación: recuperar la autoridad, proteger a los ciudadanos y devolverles a los violentos el temor a la ley.