Muy grave la manera como termina el gobierno de Gustavo Petro. A los escándalos de corrupción que comprometen a personas de su círculo más cercano se suman ahora las advertencias de la Contraloría General de la República sobre un posible despilfarro de recursos públicos en los últimos días de la administración.

El órgano de control lanzó una seria alerta sobre el acelerado ritmo de contratación del Gobierno Nacional tras el levantamiento de la Ley de Garantías. Entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026 se suscribieron 14.414 contratos por cerca de $4,55 billones.

Lo más preocupante es que más de 11.000 corresponden a contratación directa, concentrada especialmente en entidades como la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior.

La advertencia de la Contraloría no se limita a cuestionar el volumen de la contratación. El organismo señala que esos compromisos generarán presiones de caja, rezagos presupuestales y mayores necesidades de financiación. En otras palabras, se están adquiriendo obligaciones en un momento en el que las finanzas públicas atraviesan una situación particularmente delicada. Comprometer recursos sin respaldo suficiente puede aumentar el endeudamiento, deteriorar aún más el equilibrio fiscal y poner en riesgo el patrimonio de todos los colombianos.

La preocupación crece cuando se contrasta esa contratación acelerada con otro informe de la propia Contraloría. De los $7,5 billones destinados para atender la ola invernal, la ejecución efectiva apenas alcanza 21%, pese a que la emergencia ha afectado a 17 departamentos y a cerca de 250.000 personas. En un país donde miles de familias han perdido sus viviendas, se destruyen carreteras y puentes y se afecta gravemente la producción agrícola, semejante nivel de ejecución refleja una profunda falla de gestión pública. No basta con apropiar recursos; el Estado tiene el deber constitucional de ejecutarlos con eficiencia, oportunidad y resultados.

Paradójicamente, mientras esos recursos permanecen sin ejecutarse, el Gobierno expidió el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026, mediante el cual declaró la situación de desastre de carácter nacional para atender el fenómeno de El Niño, permitiendo el uso de la contratación directa por más de $4 billones en los últimos 15 días del mandato de Petro. El problema no es el instrumento jurídico, sino quién lo administra y en qué circunstancias: un gobierno que está a pocos días de concluir su mandato y cuya gestión queda marcada por el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Resulta profundamente cuestionable que una administración abuse de sus facultades para comprometer cuantiosos recursos públicos mediante mecanismos excepcionales. La contratación de emergencia debe ser el último recurso del Estado y no una oportunidad para acelerar convenios y contratos sin los controles propios de la licitación pública.

A ello se suma una realidad aún más preocupante. El presupuesto general supera los $601 billones de pesos, mientras el recaudo tributario continúa muy por debajo de las proyecciones oficiales. Es decir, el país enfrentará una combinación especialmente riesgosa: menores ingresos, mayores compromisos de gasto y nuevas obligaciones asumidas en los últimos días de gobierno Petro. Esa ecuación compromete seriamente la estabilidad de las finanzas públicas y reduce el margen de maniobra de la administración entrante.

El gobierno saliente debería concentrarse en entregar cuentas claras, facilitar un empalme transparente y permitir que el nuevo gobierno defina sus prioridades presupuestales. No debería dejar abiertos espacios para una contratación acelerada de última hora ni trasladar compromisos financieros que terminarán pagando los colombianos durante los próximos años. La responsabilidad fiscal también consiste en saber cuándo es momento de administrar y cuándo corresponde entregar el gobierno sin hipotecar el futuro del país.