Uno de los sectores que más sufrió durante el cuatrienio de Gustavo Petro fue el energético. La ideología desplazó a la planeación, y la confrontación con las empresas debilitó la confianza necesaria para invertir. Colombia necesitaba prepararse para las dificultades de abastecimiento, fortalecer su infraestructura y preservar la sostenibilidad financiera del sistema. Terminó discutiendo cómo mantener encendidas las luces.

En los hidrocarburos, la negativa a suscribir nuevos contratos de exploración comprometió las posibilidades de reponer reservas. Los contratos existentes continuaron, pero un país no garantiza su abastecimiento futuro consumiendo lo que ya descubrió. La protección de la biodiversidad exige responsabilidad ambiental, conocimiento y controles. Convertirla en una razón para cerrar oportunidades productivas tiene consecuencias sobre el empleo, las finanzas públicas y la seguridad energética.

En electricidad, los retrasos en los nombramientos de expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas afectaron a una institución que debía ofrecer estabilidad técnica. A ello se sumaron los rezagos en el pago de subsidios y la falta de una solución para los saldos de la opción tarifaria. Mientras el gobierno cuestionaba a las empresas, estas debían comprar energía, mantener redes y responder ante millones de usuarios.

Afinia muestra la gravedad del problema. Esta filial de EPM, dedicada a distribuir y comercializar energía en el Caribe, enfrenta una situación que compromete tanto sus finanzas como las de su propietaria. La crisis tiene causas anteriores al gobierno Petro, pero la demora en resolver las obligaciones pendientes agravó una operación que ya soportaba dificultades estructurales. La responsabilidad gubernamental consistía en atenderlas, no en profundizarlas.

Según Federico Gutiérrez, por cada $100 que Afinia factura, recauda apenas $57. La empresa debe seguir pagando la energía que suministra, aunque sus clientes no cumplan oportunamente. A esa brecha se agregan el fraude, las conexiones ilegales y las pérdidas de energía. Son problemas relacionados, pero distintos: una cosa es no cobrar una factura y otra entregar electricidad que nunca llega a facturarse.

El alcalde de Medellín ha señalado que las pérdidas anuales rondan $1,5 billones y que se requieren cerca de $1,2 billones para cerrar el año. Son magnitudes diferentes que revelan una misma urgencia. EPM no puede convertirse en una fuente indefinida de recursos para cubrir una operación deficitaria. Tampoco puede permitirse que millones de habitantes del Caribe paguen las consecuencias de una ruptura financiera del servicio.

Frente a esta situación, Gutiérrez ha impulsado una salida que merece atención: titularizar obligaciones pendientes de entidades públicas, cuya cartera supera $400.000 millones. La titularización permite convertir cuentas por cobrar en liquidez. Las obligaciones se agrupan para respaldar títulos que adquieren inversionistas, quienes recuperan sus recursos con los pagos posteriores de los deudores.

El mecanismo anticipa ingresos; no borra las deudas. Su viabilidad depende de que las obligaciones estén verificadas, exista una fuente cierta de pago y los costos financieros sean razonables. Puede ofrecer un respiro inmediato, pero necesita acompañarse de decisiones que corrijan el desequilibrio de fondo. Las entidades públicas deben pagar, el gobierno debe cumplir sus obligaciones y la empresa debe mejorar el recaudo y reducir las pérdidas.

También se requiere una política social que proteja a quienes realmente necesitan apoyo, junto con una respuesta efectiva contra el robo de energía. La solidaridad pierde legitimidad cuando termina financiando el incumplimiento de quienes pueden pagar. El usuario cumplido no puede seguir soportando una carga creciente mientras otros consumen sin responder.

La gestión de Federico Gutiérrez pone sobre la mesa una obligación elemental: buscar soluciones concretas antes de que la crisis golpee a los ciudadanos. El gobierno nacional y las autoridades territoriales deben actuar con la misma determinación. La energía sostiene hospitales, escuelas, hogares y empresas. Cuando la ideología asfixia al sector que la suministra, termina asfixiando al país.