El abogado Abelardo De La Espriella ganó la primera vuelta presidencial. Vienen dos semanas de intensa polarización y, sobre todo, de un intento por parte del gobierno Petro de alterar el resultado electoral. Por lo pronto, hemos visto indebida participación política del presidente y sus funcionarios, cuestionamientos a los resultados electorales y denuncias del candidato ganador sobre una lista de personas que podrían estar detrás de una masiva compra de votos en la Costa Caribe. Por ahora, el Consejo Nacional Electoral ha validado los resultados de la primera vuelta y los observadores internacionales han dado su visto bueno.

Lo novedoso de la denuncia de De La Espriella es que solicitará a EE.UU. que se incluyan esos presuntos financiadores ilegales en la lista Ofac y que se les retiren las visas a ellos y a sus familiares. Esta postura ha sido respaldada por la representante de la Florida María Elvira Salazar. Algunos pensarán que se trata de un asunto extraterritorial que nada tiene que ver con EE.UU. o de una denuncia electoral sin sustento jurídico. Se equivocan.

La Ofac (Office of Foreign Assets Control) es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. Su función consiste en ejecutar sanciones económicas y financieras contra personas, empresas, organizaciones y gobiernos vinculados con actividades que afectan la seguridad nacional, la política exterior o los intereses estratégicos estadounidenses. Cuando una persona es incluida en estas listas, sus activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y, en la práctica, resulta excluida del sistema financiero vinculado al dólar. Se trata de una de las medidas más severas que puede adoptar el Gobierno de EE.UU. contra un ciudadano extranjero.

En el caso de la financiación ilegal de campañas sí sería posible evaluar sanciones contra los responsables, porque la Ofac contempla dentro de sus ámbitos de acción conductas asociadas con corrupción, violaciones de derechos humanos, narcotráfico, lavado de activos, crimen transnacional o afectaciones a los intereses de seguridad nacional de EE.UU.
La base legal se encuentra en la Ley Global Magnitsky de 2012 y en la Orden Ejecutiva 13818, que permiten al Gobierno de EE.UU. sancionar a extranjeros involucrados en corrupción significativa o en graves violaciones de derechos humanos.

En el contexto de unas elecciones, la clave jurídica sería demostrar que el fraude electoral constituye una forma de corrupción significativa. Si funcionarios públicos, particulares o intermediarios participan en compra masiva de votos, alteración de resultados, financiación ilícita, sobornos a autoridades electorales o desvío de recursos públicos para manipular una elección, el Departamento del Tesoro podría considerar que existe una conducta corrupta susceptible de sanción bajo Global Magnitsky.

No se trata de una hipótesis exótica. EE.UU. ha utilizado estas facultades contra empresarios, funcionarios electorales, jueces, militares y operadores políticos involucrados en corrupción significativa o en ataques contra la institucionalidad democrática. Por ejemplo, en septiembre de 2024, la Ofac sancionó a 16 funcionarios alineados con Maduro pertenecientes al CNE y al Tribunal Supremo de Justicia por su papel en el proceso electoral. Posteriormente, en noviembre de 2024 y enero de 2025, EE.UU. amplió las medidas contra otros altos funcionarios venezolanos señalados de facilitar la proclamación fraudulenta de resultados, reprimir a la oposición o socavar el proceso democrático. Además, impuso restricciones de visas y coordinó medidas con aliados europeos.

Lo que hoy resulta evidente es que la manipulación de los procesos democráticos ha dejado de ser un asunto exclusivamente interno de los Estados. La corrupción electoral, la compra de votos y cualquier intento de alterar la voluntad popular son observados cada vez con mayor atención por la comunidad internacional. Por ello, quienes participen en estas conductas pueden enfrentar consecuencias que trascienden las fronteras nacionales. La democracia se defiende en las urnas, pero sus enemigos ya no pueden contar con la indiferencia ni dentro ni fuera del país.