La bomba fiscal será muy difícil de desactivar para el próximo gobierno. La irresponsabilidad de Gustavo Petro no tiene presentación. Cuando se posesionó, encontró la deuda en $805 billones. Casi cuatro años después, está en $1.194 billones. Es decir, aumentó 48% y, en términos diarios, crece cerca de $320.000 millones. Actualmente equivale a 64,4% del PIB, el nivel más alto desde 1999, salvo el momento excepcional de la pandemia, cuando alcanzó 65%. El déficit fiscal se ubica en 7%, lo que obliga a un ajuste entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB en los próximos años. El desequilibrio entre ingresos y gasto es evidente.

Las medidas para enfrentar esta situación son claras: recortar el gasto, retomar la regla fiscal y respetar el papel del Comité como garante del equilibrio de las finanzas públicas. Hoy, una tercera parte de los ingresos tributarios se destina al pago de intereses, lo que reduce el espacio para la inversión social. El deterioro del riesgo país ha encarecido el costo de la deuda hasta niveles críticos, con tasas cercanas a 12,9%.

El próximo gobierno tendrá un margen tributario muy limitado. El sector privado sigue sintiendo los efectos de la reforma de 2022 y de los decretos expedidos bajo la emergencia económica y social, con los que el Gobierno impuso el impuesto al patrimonio a empresas y universidades. Esto afecta la planeación tributaria, golpea los activos y no las utilidades reales. El problema es que Petro insiste en extraer recursos a pocos meses de las elecciones presidenciales. Se pretende camuflar una reforma de $8 billones para atender una emergencia que el propio Gobierno reconoció como innecesaria, al punto de rechazar apoyo internacional para la tragedia invernal, como lo recordó el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, en una entrevista reciente en La FM.

A la crisis fiscal se suma la corrupción. Según la Contraloría General de la República, más de 6.000 contratos se celebraron de forma directa y sin licitación tras la entrada en vigor de la ley de garantías, por un valor superior a $2 billones. Se trata de una afrenta a la legalidad.

Las empresas se están yendo. Salió General Motors después de 70 años. Se fue Kimberly-Clark, productora de artículos de cuidado femenino. Dejaron de operar Forever 21, Colchones Paraíso y supermercados Colsubsidio. También han reducido su presencia multinacionales como Shell, ExxonMobil, Repsol y Cepsa.

La situación de Ecopetrol es particularmente delicada. Su presidente, Ricardo Roa, fue imputado por la Fiscalía por tráfico de influencias e irregularidades relacionadas con el manejo de recursos de la campaña presidencial. La junta directiva no ha tomado una decisión sobre su permanencia, pese a los llamados incluso de la USO para proteger la empresa. Tratándose de una compañía listada en bolsa en Estados Unidos, esa indecisión puede tener consecuencias graves. Todo esto ocurre mientras se congelaron la exploración y la firma de nuevos contratos, la producción cayó a menos de 750.000 barriles diarios y el país perdió autosuficiencia en gas natural. Más aún cuando el precio del crudo ronda los US$112 y por cada dólar adicional el país podría recibir más de $400.000 millones.

En conclusión, el país queda al borde de una crisis fiscal de grandes proporciones. El próximo gobierno no recibirá margen de maniobra, sino una estructura desordenada, endeudada y sin credibilidad. Tendrá que tomar decisiones difíciles desde el primer día: recortar el gasto, ordenar las cuentas, recuperar la confianza y frenar el deterioro institucional. Petro no solo deja un problema fiscal; deja una crisis estructural que afecta la estabilidad económica del país.