La rama judicial y su freno a Petro

Colombia le debe mucho a la rama judicial. Desde el inicio de este gobierno, han sido los fiscales, los jueces y las cortes quienes le han puesto el pecho a los desafíos permanentes del presidente Petro al estado de derecho.

Durante mi gestión como Fiscal General pudimos impedir que salieran de la cárcel jóvenes que habían sido procesados y, muchos de ellos condenados, por la comisión de delitos contra la vida o el patrimonio de muchos colombianos en el estallido social de 2021.

Todavía tengo el eco de las palabras de Gustavo Petro como presidente electo el 19 de junio de 2019 cuando me señaló “yo le pido al Fiscal General que libere a la juventud, liberen a los jóvenes”. Mi respuesta fue automática: “Si el Presidente electo quiere buscar la liberación de jóvenes que cometieron delitos, debe pedirle el favor al Congreso que cambie la ley y no al Fiscal General”. Fue una posición inicial de la justicia.

A seguida cuenta, se negaron por parte de los jueces las salidas de la cárcel de algunos procesados en el estallido social porque se le recordó que ningún presidente tiene esa facultad. Luego, no acepté la suspensión de órdenes de captura a extraditables del Clan del Golfo y otras organizaciones porque no existía ley de sometimiento aprobado por el Congreso.

En cuanto al Consejo de Estado se han proferido decisiones trascendentales sin doblegar el derecho en favor del ejecutivo. Por ejemplo, se decretó la suspensión provisional del Decreto 227 de 2023 con el cual se reasumían funciones presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios; la sala de consulta y servicio civil defendió las competencias del Consejo Nacional Electoral para investigar las posibles irregularidades en la campaña electoral presidencial y, para rematar, vincularon al Presidente a una tutela por el desafuero de dar una información sobre la compra y utilización de un software cuando su director de inteligencia y la Fiscalía dicen que no hay evidencia de su existencia. Esa imprudencia nos costó la exclusión del Grupo Egmond, la red integrada por cerca de 177 países, que se dedica a rastrear posibles movimientos financieros ilegales.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo declaró en desacato por incumplir la sentencia del 25 de enero que le ordenó realizar los nombramientos en propiedad de seis expertos en la misma Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas). También se ha decretado la nulidad de nombramientos como el embajador de México y un comisionado de la Creg, entre otros. Para completar, se le ha obligado a retractarse de sus dichos en algunas ocasiones.

La Corte Constitucional no se ha quedado atrás. Parte de ley de paz total, la reforma tributaria y ahora la facultad de contratar directamente con organizaciones sociales fueron declaradas inconstitucionales. La Corte Suprema de Justicia tampoco cedió a la presión del Presidente de enviar la terna para remplazarme con siete meses de antelación, ni al asedio instigado desde el ejecutivo que sufrieron los magistrados de la Corte el 8 de febrero de 2023 para presionar la elección de la fiscal general de la nación.

En fin, una lista que no incluye todas las decisiones pero que crecerá con los días, demostrando que los autoritarios que denigran la Constitución y las instituciones no pasarán. Gracias rama judicial.