En los últimos días, en medio de la amenaza del gobierno Petro de expedir un decreto para la realización de la consulta popular sin aprobación del Congreso, se vuelve a poner sobre la mesa las cifras sobre crecimiento económico, desempleo, inflación, endeudamiento y tantos otros aspectos de la economía colombiana. Todo esto sirve para saber el panorama que vamos a encontrar cuando se inicie el próximo gobierno en 2026.
Veamos. En primer término, la tasa de inversión hoy en Colombia es de 16% frente a 24% del PIB de hace 10 años. El consumo aumentó 25%, frente a los años previos a la pandemia. Esto quiere decir que Colombia cada día se convierte más en una economía de consumo y subsistencia y no de inversión. Si tomamos en consideración los más de US$12.000 millones de remesas y la economía ilegal que puede estar alrededor de US$30.000 millones se entiende el crecimiento de 2,7% de la economía colombiana. El reto es traer inversión para que el país pueda enfrentar los desafíos venideros.
Un segundo aspecto tiene que ver con el endeudamiento. La deuda representará 63% del PIB frente a 53,8% que existía en 2023. El déficit fiscal pasó de 4,3% en 2023 y cerrará en 7,8% en 2025. Es decir, una tronera fiscal de $138,8 billones. Si sumamos déficit nos encontraríamos en 2026 con deudas no pagadas al sector salud y no el no pago de los subsidios 1,2,3 de las empresas comercializadoras y generadoras de energía. Podemos añadir a esto, la falta de inversión en el sector defensa y el déficit pensional en el sector educativo. Si a esto le añadimos que este Gobierno de forma irresponsable y politiquera ha suscrito desde 2022 casi 2 millones de contratos de prestación de servicio para garantizar el apoyo electoral en 2026, el espectro de análisis se complejiza.
Un tercer punto tiene que ver con el desempleo y la informalidad. Este Gobierno se vanagloria de haber bajado el desempleo a 8,8%. Lo que no dicen es que parte del aumento del empleo tiene que ver con los informales. Las cifras son claras. La informalidad ronda por 57,7% y hay ciudades como Sincelejo o Riohacha donde los informales están entre 65% y 70%. En términos globales, de los 23 millones de personas que trabajan en Colombia, 12,9 millones son informales. Recordemos que la mayoría de los informales no pagan al sistema de salud, ni a pensiones.
Devaluación, desempleo, falta de liquidez y crisis fiscal serán el horizonte que encontrará el próximo Gobierno. La solución: unidad nacional, gobierno colectivo, fortalecimiento de la institucionalidad y un liderazgo internacional en lo político. En lo económico, retomar fuentes de financiamiento como la exploración de petróleo y gas, multiplicar la oferta exportadora del país, recortar gastos a través de supresión de entidades, destrabar los proyectos de infraestructura bloqueados por el Anla y las consultas previas, promover el retorno de la inversión y restablecer el diálogo entre el sector público y privado fundado en la confianza mutua que permita reestabilizar y equilibrar el país.
Con ese panorama, se enfrentará la crisis fiscal y, con ello, podrá atacarse el problema pensional donde a 1° de julio de este año, ni siquiera estará lista Colpensiones para recibir los más de $3,5 billones mensuales y los 25 millones de afiliados a quienes les tendrá que responder. La salud también será una tarea pendiente, así como el sector energético y la seguridad. Con esto en pie, el empleo principiará a aumentar y la inversión retornará. Todo esto será posible con un gobierno colectivo. Nadie podrá solo.
*Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)