Más gerencia y menos leyes

Muchas personas me preguntan por estos días sobre qué hacer con las diversas reformas que se tramitan en el Congreso de la República. Transitan la laboral, la de justicia, el presupuesto, entrará a discusión la tributaria, la de salud, la política, entre otras. La respuesta puede tener dos vectores.

El primero tiene que ver con que debe hacérsele seguimiento a cada iniciativa como se le ha hecho hasta ahora para evitar que por vía de reformas, muchas de ellas, inconstitucionales como la reforma pensional, se pretenda sepultar las instituciones en Colombia o romper el pacto social que existe aún entre el sector privado y el sector público.

Sin embargo, más allá de los análisis exhaustivos que se hacen de las iniciativas. Es necesario un segundo vector, consistente en que el Congreso y la ciudadanía hagan un balance y seguimiento detallado de la ejecución de los programas del gobierno y del presupuesto nacional. Hoy tenemos un gobierno que se ha dedicado a hacer anuncios y discursos, a arremeter contra diversos sectores, a atacar las instituciones judiciales, a maltratar a los opositores y a gritar a los cuatro vientos que todo lo que ocurre es culpa de otros y no de ellos mismos.

En ese sentido, el seguimiento de la gestión se vuelve vital. Más que leyes requerimos que se ejecute el presupuesto, que se haga un análisis sobre los $116 billones parqueados en las fiducias, toda vez que el gobierno entiende ejecutados los recursos cuando los traslada a una fiducia. Requerimos que se haga un balance de los resultados de cada ministerio, del desempeño de cada ministro del despacho, de la relación entre el orden territorial y el nivel central. También requerimos ponerle los ojos encima a Ecopetrol y a las superintendencias que se han convertido en las oficinas policivas en Colombia. Ni hablar de la vergonzosa Anla (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) que es la sucursal de la parálisis contractual en Colombia. No debe pasarse por alto, la evaluación de cada proyecto de infraestructura bloqueado por estas entidades hoy ideologizadas.

Requerimos una evaluación profunda del estado de nuestras fuerzas militares y de policía, una valoración del orden público nacional, de la situación energética, fiscal y económica del país. De las agencias y unidades administrativas como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el Ideam, el DPS o el mismo Invima, entre otros.

Debe mirarse con lupa el estado de nuestras relaciones internacionales en donde debe verificarse la manera como se están ejecutando recursos en las embajadas y consulados de Colombia. No vaya a ser que se estén destinando recursos nacionales para financiar organizaciones de otros países. Si eso es real, esos peculados tarde o temprano se pondrán en evidencia.

Debemos preocuparnos por las iniciativas nocivas que presenta este gobierno, pero no podemos dejar de lado el monitoreo y la evaluación permanente de sectores que nos daría muchas luces sobre lo que rápidamente debe corregirse cuando el país cambie de rumbo en el 2026.

*Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)