Mientras el país sigue en medio de las consecuencias del terremoto, del inicio del nuevo gobierno y de la recuperación de la institucionalidad, la Costa Caribe mantiene dos preocupaciones que no admiten espera: la situación energética y la calamitosa situación de seguridad. La semana anterior se convocó, a instancias de la Procuraduría General, a diferentes sectores para definir una ruta energética. Es un asunto que merece atención inmediata.

Lo cierto es que la situación de Air-e es muy difícil. La empresa atiende cerca de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira y acumula obligaciones por varios billones de pesos. Una crisis de semejante tamaño no queda encerrada en los balances de una compañía. Sus efectos alcanzan a los generadores, los proveedores y, tarde o temprano, a los usuarios.

De ahí que se hable de un apagón financiero. Y la expresión describe bien el riesgo. Para tener problemas de suministro no es indispensable que se sequen los embalses. Basta con que las comercializadoras pierdan capacidad de pago, los generadores dejen de recibir sus recursos, los subsidios se retrasen, las entidades públicas acumulen facturas y la inversión necesaria para sostener el sistema comience a detenerse.

Para el Caribe esta historia resulta particularmente conocida. La región ha padecido durante décadas tarifas elevadas, pérdidas de energía, redes insuficientes y diferentes fórmulas empresariales que no han conseguido ofrecer una respuesta definitiva. Se liquidó Electricaribe, aparecieron Air-e y Afinia y, sin embargo, millones de habitantes de la Costa continúan esperando un modelo sostenible.

La respuesta no puede limitarse a conseguir dinero para atravesar la próxima crisis. Es necesario ordenar las cuentas: saber cuánto se debe, establecer quién debe pagar, asegurar que los recursos lleguen a los generadores y determinar las inversiones indispensables. Al gobierno le corresponde atender oportunamente sus obligaciones; a las entidades públicas, pagar la energía que utilizan; y a las empresas, mejorar su administración y recuperar la cartera. Pero hay un elemento adicional que no puede pasarse por alto.

El llamado Libro de la Verdad, entregado esta semana por el nuevo gobierno a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, incluyó precisamente el caso de Air-e entre las situaciones que deben ser examinadas. El documento señala que la empresa pasó de tener un patrimonio superior a $2,2 billones en 2023 a un patrimonio negativo en 2025 y registra pérdidas acumuladas cercanas a $2,6 billones. También formula interrogantes sobre deterioros contables y sobre la información disponible para las auditorías. Son señalamientos que ahora deberán ser verificados por las autoridades competentes.

Esto resulta especialmente importante porque Air-e está intervenida por el Estado desde septiembre de 2024. Por eso no basta con describir la crisis ni con encontrar nuevos recursos para cubrirla. Colombia necesita saber qué ocurrió antes de la intervención, pero también qué pasó después de ella, cómo evolucionaron las cuentas, cuáles decisiones se tomaron y quién debe responder por ellas.

La salida requiere decisiones simultáneas: garantizar liquidez para evitar que la crisis de Air-e contagie al sistema, acordar el pago a los generadores, recuperar cartera, reducir las pérdidas de energía e invertir en las redes. Pero lo fundamental es definir quién prestará el servicio en el futuro. El Caribe no puede pasar indefinidamente de una emergencia empresarial a otra. Se necesita un operador sólido, capaz de atraer inversión, con reglas claras y vigilancia rigurosa. Cualquier apoyo con recursos públicos debe conducir a una solución definitiva y no a otro salvamento temporal.

La paradoja es evidente: la Costa Caribe tiene uno de los mayores potenciales solares y eólicos del continente y, al mismo tiempo, padece un servicio eléctrico precario. La transición energética más que un discurso debería ser una realidad a partir de energía confiable, inversión y desarrollo para la región.