El pacto de Valledupar exige respuestas. Angie Rodríguez afirmó que Gustavo Petro le ordenó organizar el encuentro con exjefes paramilitares. Salvatore Mancuso confirmó que Rodríguez y Víctor de Currea-Lugo les pidieron hablar públicamente contra Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras; dice que se negaron. Incluso, De Currea-Lugo le manifestó a Mancuso, antes de las elecciones, la necesidad de frenar la llegada de De la Espriella a la Presidencia y le ofreció una entrevista.
El caso de David Murcia, de DMG, abre interrogantes. Tras acusar a De la Espriella, Murcia se retractó ante la Fiscalía y dijo que sus señalamientos no eran ciertos. Afirmó que sectores cercanos al gobierno anterior le plantearon expectativas de ser gestor de paz y recuperar la libertad. La investigación debe identificar quiénes hicieron esos planteamientos y qué esperaban obtener. Los beneficios del Estado no pueden convertirse en moneda de cambio para obtener acusaciones contra adversarios políticos.
También debe esclarecerse el episodio de alias Papá Pitufo. El entonces director de la DNI, Jorge Lemus, se reunió en Colombia con el abogado de Diego Marín y habló de beneficios judiciales para facilitar su entrega. En un audio dijo: “Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la gana”. Quien viajó a España para reunirse con Marín fue Isaac Beltrán, exfuncionario de la Uiaf; Beltrán sostuvo que la misión había sido autorizada por Petro. La Procuraduría investiga a Lemus por esos ofrecimientos.
En mi criterio, se buscaba un declarante utilizable contra cualquiera que el gobierno escogiera, incluidos miembros de mi administración en la Fiscalía. El audio no prueba un acuerdo para fabricar una declaración falsa, pero sí registra beneficios ofrecidos y libertad para señalar a quien quisiera. Hay que establecer si se pretendía captar a un testigo contra funcionarios de la Fiscalía y quién definió el objetivo.
A esto se suma mi propio caso. Mientras era fiscal general y después de dejar el cargo, fui objeto, según información de la revista Semana, de escuchas, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos. Lo conocido también da cuenta de consultas de datos financieros y otros registros personales, cuyos resultados habrían llegado a la Presidencia. El 5 de octubre presenté una denuncia penal para identificar a quienes ordenaron y ejecutaron esas acciones y a quienes recibieron la información. También debe determinarse quién consultó esos datos, bajo qué autorización, para qué propósito y si la información fue transmitida a funcionarios ajenos a la investigación.
Resulta, además, muy extraño que, a dos días de las elecciones, la Fiscalía notificara a Álvaro Uribe la apertura de una investigación y su llamado a indagatoria. La proximidad electoral no prueba por sí sola una maniobra, pero exige una explicación sobre la oportunidad y el fundamento de la decisión. La independencia judicial requiere motivación e imparcialidad.
Vistos en conjunto, estos episodios describen un patrón que debe investigarse como posible actuación coordinada: seguimientos, interceptaciones, consultas de información reservada y acercamientos a presos o exparamilitares para obtener señalamientos contra contradictores. La inteligencia estatal y los beneficios penitenciarios no pueden usarse para perseguir a opositores ni para construir acusaciones a la medida. Durante cuatro años, ese parece haber sido el método de poder. La investigación debe reconstruir la cadena de mando, verificar órdenes y contactos, y establecer quién se benefició. Cada hecho debe investigarse sin perder de vista sus conexiones.
Petro no puede escudarse en sus subalternos. Si ordenó estas actuaciones, debe responder como determinador de esos crímenes. Por su fuero, la investigación corresponde a la Cámara; si es acusado, intervienen el Senado y la Corte Suprema. Si se prueba su responsabilidad, debe ir a la cárcel. Recordemos que, cuando el río suena, piedras lleva.