El Gobierno de Abelardo de la Espriella se dispone a enfrentar dos desafíos que definirán su rumbo: corregir el desorden fiscal y reducir la estructura del Ejecutivo. Uno busca equilibrar las cuentas; el otro, transformar un aparato estatal que durante años acumuló entidades, funciones repetidas y burocracia. Con estas decisiones empieza la prueba de gobierno.

Según lo anunciado, de las 209 entidades existentes se eliminarían, suprimirían o fusionarían 105, para dejar 104. La dimensión del propósito merece respaldo, pero también explicaciones. Colombia necesita un Estado que funcione, que cueste menos y que responda mejor. Eliminar oficinas puede contribuir a ese objetivo, siempre que no termine saliendo del Congreso de la República una operación cosmética para trasladar los mismos gastos a dependencias con nombres diferentes.

Para adelantar esta transformación, el Gobierno solicitará al Congreso facultades extraordinarias, conforme al artículo 150, numeral 10, de la Constitución. Mediante ellas, el presidente podrá expedir decretos con fuerza de ley para reorganizar el Ejecutivo dentro de los límites autorizados. El Congreso tendrá una responsabilidad decisiva: definir qué podrá hacer el mandatario, con cuáles objetivos y bajo qué condiciones. La magnitud de la reforma exige una habilitación precisa, acompañada de justificaciones técnicas y fiscales suficientes.

Las facultades deben ser solicitadas expresamente por el Gobierno, concedidas por un máximo de seis meses y aprobadas por la mayoría absoluta de los integrantes de cada cámara. Su alcance debe quedar delimitado. Además, no pueden utilizarse para decretar impuestos. Conviene recordar que la reorganización de la administración mediante facultades no autoriza al Ejecutivo para imponer por esa vía las cargas tributarias del ajuste.

Los antecedentes aconsejan prudencia. El expresidente Pastrana recibió facultades mediante la Ley 489 de 1998, declaradas inexequibles en la Sentencia C-702 de 1999 por defectos de trámite. El expresidente Uribe impulsó la Ley 790 de 2002, que fusionó, entre otros, los ministerios del Interior y de Justicia, y los de Salud y Trabajo. Durante el Gobierno Santos, esas carteras volvieron a separarse. La lección es doble: respetar las formas constitucionales y demostrar que las fusiones producen mejoras y ahorros sostenibles.

Por eso, el Gobierno debe presentar estudios técnicos, identificar las entidades afectadas y explicar cuánto ahorrará. También debe precisar quién asumirá sus funciones y cómo garantizará la continuidad de los servicios. La carrera administrativa y las protecciones laborales deben respetarse. Suprimir cargos para multiplicar contratos de prestación de servicios no sería coherente con el propósito planteado. El anuncio de una reducción del organigrama debe ir acompañado de la demostración de que cada peso ahorrado alivia las cuentas públicas y mejora la gestión estatal.

El ajuste fiscal merece un examen igualmente riguroso. Reducir el gasto público es indispensable para recuperar credibilidad y enfrentar la crisis de las finanzas estatales. Pero ese esfuerzo perdería legitimidad si terminara acompañado de una catarata de impuestos sobre la clase media, los independientes y los trabajadores. Gravar más el consumo cotidiano, la conectividad o los planes de salud puede castigar a quienes sostienen la actividad económica.

El Congreso deberá exigir cifras verificables, evaluar los efectos de cada tributo y preservar la equidad, la eficiencia y la progresividad previstas en el artículo 363. También tendrá que cuidar la unidad de materia y garantizar debates reales. La urgencia de recaudar no subsana artículos improvisados ni procedimientos defectuosos. El país ya conoce los costos de legislar apresuradamente y esperar después que la Corte arregle los errores.

Debe respaldarse la decisión de reducir un Estado sobredimensionado. Colombia necesita recuperar sus finanzas pensando en las familias y alentando a quienes producen y generan empleo. La austeridad debe sentirse primero en los despachos oficiales. Pedirle otro esfuerzo al ciudadano sería repetir la vieja fórmula que nos condujo a esta crisis.