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La nueva cúpula militar recibe un país con una situación de seguridad profundamente deteriorada. Su desafío no consiste simplemente en producir resultados operacionales o presentar balances de capturas. Lo que está en juego es mucho más importante: restablecer la autoridad del Estado, reconstruir la inteligencia y enfrentar organizaciones que durante los últimos años ampliaron su presencia, sus economías ilícitas y su capacidad de intimidación.
El primer reto es el control territorial. Y cuando hablamos de territorio ya no podemos pensar exclusivamente en las zonas rurales donde históricamente han operado guerrillas, disidencias y estructuras narcotraficantes. La criminalidad se instaló también en las principales ciudades del país. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras capitales padecen fenómenos de extorsión, microtráfico, secuestro, homicidio y control de barrios por estructuras que han convertido el miedo en una fuente de poder y financiación. El problema, por tanto, ya no es solamente recuperar zonas rurales: es impedir que el crimen organizado consolide espacios de dominio dentro de los grandes centros urbanos. Este deterioro es también consecuencia de una paz total que terminó privilegiando el delito, al permitir durante demasiado tiempo la expansión y el fortalecimiento de las organizaciones criminales con sus economías ilegales.
El segundo reto es la inteligencia. No existe una política seria de seguridad sin información oportuna y de calidad. La inteligencia militar y policial debe complementarse con la DNI, la Dian y la Uiaf. Las estructuras delincuenciales contemporáneas no se reducen a hombres armados: mueven dinero, lavan activos, utilizan empresas, manejan rutas y establecen conexiones internacionales. Concentrarse exclusivamente en capturar integrantes y olvidar sus redes financieras y logísticas significa combatir apenas una parte del problema.
El tercer desafío es la articulación institucional. Ejército, Fuerza Aeroespacial, Armada, Policía, Fiscalía, Uiaf, Dian y organismos de inteligencia no pueden funcionar como compartimentos separados. Una operación militar debe alimentarse de información financiera; una captura debe conducir a la identificación de la red que sostiene al detenido; y una investigación judicial debe permitir establecer quién financia, transporta y protege a la organización.
Esa articulación debe permitir la itinerancia. El delito no reconoce fronteras departamentales. Los grupos se desplazan entre regiones y utilizan corredores que conectan centros de producción, ciudades, puertos y fronteras. La respuesta estatal debe seguir esas rutas completas y evitar que las divisiones administrativas fragmenten las investigaciones y operaciones.
Aquí resulta indispensable la coordinación entre la defensa nacional y la justicia. La acción de la Fuerza Pública pierde eficacia cuando un cabecilla capturado continúa dirigiendo su organización desde una cárcel. Operaciones, judicialización, traslado de presos peligrosos, reactivación de órdenes de captura suspendidas y extradiciones deben responder, desde las competencias de cada institución, a una estrategia común del Estado contra el crimen organizado.
Todo esto, sin embargo, encuentra un límite material: los recursos. Helicópteros necesitan mantenimiento; aeronaves, combustible; soldados y policías, movilidad; y la inteligencia exige tecnología. No se puede exigir una Fuerza Pública ofensiva con un presupuesto defensivo. Si el gobierno pretende aumentar el ritmo operacional y mantener presencia efectiva en las zonas críticas, tendrá que convertir la seguridad en una verdadera prioridad presupuestal.
En ese contexto adquiere especial importancia el restablecimiento de las relaciones estratégicas con Estados Unidos e Israel. Colombia necesita cooperación en tecnología, entrenamiento, capacidades aéreas, ciberseguridad y persecución de economías ilícitas. No se trata de sustituir las responsabilidades nacionales por ayuda extranjera, sino de complementar aquello que el país no puede desarrollar inmediatamente con sus propios recursos.
La nueva cúpula tiene una tarea urgente: recuperar el territorio, fortalecer la inteligencia y la capacidad operacional. La disyuntiva es clara: garantizar la seguridad y los derechos ciudadanos o permitir que el crimen organizado siga erosionando el Estado social de derecho.