Así como en Perú se aprobaron reformas que reducen el poder investigativo de la Fiscalía y en México se restableció la elección popular de jueces y magistrados, en Venezuela se acaba de aprobar una reforma que aumentó de 20 a 32 el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (Tsj).

No son hechos aislados. América Latina atraviesa una tendencia cada vez más visible: gobiernos con vocación hegemónica buscan debilitar los contrapesos institucionales y reducir la capacidad de jueces, cortes y organismos autónomos para controlar el poder político.

El principal freno que ha tenido el autoritarismo electo en la región ha sido precisamente la existencia de sistemas judiciales independientes capaces de imponer límites al Ejecutivo. Algo que es destacado por el profesor de derecho constitucional, Bruce Ackerman, como la “función garantizadora” del sistema jurídico en su libro “Constituciones revolucionarias”.

Colombia tampoco es ajena a esa tensión. Las recientes decisiones judiciales que han frenado decretos, reformas y actuaciones del Gobierno han provocado una confrontación permanente contra la Rama Judicial, los organismos electorales y otros sectores institucionales. Nunca antes un presidente había mantenido un choque tan abierto y constante contra buena parte de las instituciones del Estado. El ataque sistemático a las cortes, a los jueces y a los organismos de control termina debilitando la confianza institucional y erosionando la democracia.

En el caso venezolano, la ampliación del Tsj tiene profundas implicaciones políticas e institucionales.
Primero, la reforma modificó la composición de casi todas las salas del máximo tribunal: la Sala Constitucional pasó de cinco a siete magistrados y las salas Penal, Electoral, Civil, Social y Político-Administrativa aumentaron de tres a cinco integrantes. Con esto, el Ejecutivo puede nombrar 12 nuevos magistrados y alterar las mayorías en decisiones constitucionales, electorales y penales.

En un país donde el Tsj ha estado históricamente vinculado a la dictadura, controlar la composición del tribunal consolida el control sobre el aparato estatal.

Segundo, se redistribuyen cuotas de poder dentro del oficialismo y se blinda el dominio sobre las salas más sensibles políticamente: la Constitucional y la Electoral. Además, la decisión se produce en medio de tensiones internas y de una reorganización impulsada por el chavismo dentro del propio tribunal.

Tercero, la reforma revive un patrón histórico venezolano: modificar el tamaño del Tsj según las necesidades del poder político. En 2004 Hugo Chávez amplió el tribunal de 20 a 32 magistrados para consolidar control judicial; en 2022 el mismo chavismo redujo nuevamente el número a 20 y ahora vuelve a incrementarlo a 32.

Pero el episodio más grave ocurrió en marzo de 2017, cuando el propio Tribunal Supremo asumió funciones de la Asamblea Nacional, argumentando que el Parlamento, de mayoría opositora, se encontraba en “desacato”. Aquella decisión fue considerada por amplios sectores internacionales como una ruptura del orden democrático y evidenció hasta dónde puede llegar un tribunal subordinado al poder político.

Ante lo que ocurre en Venezuela, tanto la oposición como Estados Unidos deberán permanecer atentos a una eventual recomposición del poder del madurismo en ese país. El control del Tribunal Supremo de Justicia puede convertirse en una pieza decisiva frente a cualquier escenario de transición política. Quien controle las cortes tendrá la capacidad de bloquear, legitimar o condicionar el futuro institucional venezolano.

La historia reciente de América Latina, como lo recuerda Moisés Naím, demuestra que las democracias no desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando los gobiernos comienzan a capturar las cortes, debilitan los organismos de control y convierten la justicia en un instrumento político. Por eso, la defensa de la rama judicial y el seguimiento de sus reformas es condición esencial para preservar el sistema democrático.