Inundaciones: el ciudadano paga dos veces

En los alrededores de Montería, la creciente no avisó. Llegó de madrugada, cuando la casa todavía dormía. Cuando Eugenio abrió la puerta, el agua ya estaba adentro. Alcanzó a sacar a su madre y a dos sobrinos como pudo. Después vinieron los golpes, las heridas y ese silencio espeso que queda cuando el susto todavía no se va. Al amanecer empezó lo inevitable: medir la pérdida. El ñame, la yuca y el maíz quedaron bajo el agua. Los animales, dispersos. La casa, inhabitable. “Eso lo sembramos para pagarle el estudio al muchacho”, dijo, sin dramatizar. Y remató con una frase que se repite demasiado en el país: “El año pasado también nos pasó, pero este año fue peor”.

La noticia no es el fenómeno climático; es el desastre recurrente que genera. Lo que antes era excepcional hoy es estructural. El clima dejó de ser un tema ambiental para convertirse en una variable macroeconómica que impacta infraestructura, salud, logística, precios y finanzas públicas.

Cuando hay inundaciones, el ciudadano medio paga dos veces. Primero, con la pérdida: cosechas arrasadas, trabajo rural interrumpido, carreteras cortadas, enfermedades, escuelas cerradas, precios de alimentos al alza. Luego, con la factura: impuestos extraordinarios, reasignaciones que recortan otras prioridades, deuda más cara y un Estado que “corre” detrás del evento en vez de anticiparlo.

No tendría por qué ser así. Si el riesgo es recurrente, la financiación debe ser recurrente, automática y blindada. Los países que mejor están aprendiendo a vivir con un clima más extremo no lo hacen con discursos; lo hacen con una arquitectura simple: separar la respuesta inmediata de la reconstrucción y del evento extremo, y poner candados para que la plata no se vaya por la puerta de atrás.

La arquitectura es simple y se puede explicar en tres niveles:

Caja rápida (horas y días).

Dinero que llega ya para evacuación, albergues, salud pública, asistencia alimentaria y reparaciones urgentes. Se logra con reservas presupuestales preaprobadas y con mecanismos que aceleran desembolsos cuando se cumplen condiciones técnicas verificables (por ejemplo, umbrales de lluvia o nivel del río). La palabra clave es velocidad: la tragedia no espera.

Reconstrucción resiliente (semanas y meses).

Aquí se arreglan puentes, vías, acueductos, escuelas y vivienda, pero con una regla: no reconstruir la vulnerabilidad. Reconstruir “mejor” significa obras con estándares adecuados al nuevo clima, mantenimiento financiado y decisiones territoriales que reduzcan exposición. Esta capa necesita un fondo estable, no improvisado, para no caer en el ciclo de endeudarse “a última hora”.

Protección anticipatoria para el evento extremo (el peor caso).

Cuando el golpe es grande, ni la caja rápida ni el fondo alcanzan. Ahí entran herramientas para proteger la sostenibilidad fiscal ante choques severos: transferencia de riesgo, reaseguros, mecanismos de mercado y líneas contingentes. No es sofisticación: es evitar el pánico presupuestal y el “sálvese quien pueda” financiero. Esto requiere pensamiento anticipatorio básico.

Pero la discusión decisiva no es solo de instrumentos, sino de institucionalidad: “sellar el dinero”. En Colombia el problema no es únicamente conseguir recursos; es garantizar que se usen para lo prometido y no se diluyan en la política cotidiana. Los candados deben venir desde el diseño:

• Cuenta separada y destinación específica: recursos en un vehículo fiduciario o cuenta especial que no puede financiar gasto corriente.
• Reglas de activación y elegibilidad: se usa solo bajo criterios técnicos y categorías de gasto permitidas.
• Transparencia en tiempo real: tablero público por proyecto, montos, contratistas y avances físicos y financieros.
• Auditoría externa obligatoria: revisión anual con publicación de hallazgos y consecuencias.
• Caducidad y reversión: lo no ejecutado no se reetiqueta; vuelve al fondo o se reprograma dentro del mismo propósito.
• Inundaciones: el ciudadano paga dos vecesCondicionalidad de resiliencia: si una obra no mejora el estándar frente al riesgo, no se financia.

Esta arquitectura cambia el debate. La pregunta deja de ser “¿cuánto impuesto subimos hoy?” y pasa a ser “¿qué sistema evita que cada invierno nos cobre el futuro?”. Porque improvisar caja sale carísimo: castiga hogares con precios más altos, empresas con logística interrumpida y al Estado con credibilidad fiscal erosionada.

Vuelvo a Eugenio. Su pérdida no es un accidente privado; es un síntoma público. Un país que acepta que el clima es un régimen debe aceptar también que la resiliencia no es un gasto accesorio: es la infraestructura de la estabilidad a largo plazo. El mensaje final es directo: o blindamos una caja climática sana -rápida, transparente y orientada a reconstruir mejor- o seguiremos financiando cada creciente con la misma moneda: el ciudadano medio pagando dos veces y el futuro pagando la diferencia.