Pensiones: del reparto político al ahorro soberano

Marta tiene 55 años y vive en Manizales. Trabajó en pequeños comercios, cuidó a sus hijos, ayudó a sus padres cuando enfermaron y cotizó cuando pudo. Nunca estuvo por fuera del trabajo, pero tampoco logró esa trayectoria perfecta que exigen los sistemas pensionales: contrato estable, cotización continua, salario suficiente y tiempo acumulado. Hoy se pregunta si alcanzará una pensión o si dependerá de sus hijos, de algún subsidio o de seguir trabajando mientras el cuerpo aguante.

Marta no es una excepción. Es una síntesis del problema colombiano. Un país con millones de adultos mayores sin protección, alta informalidad y una transición demográfica acelerada no puede aplazar la pregunta por la vejez. Sin embargo, la discusión suele quedar atrapada en una tensión estrecha: Colpensiones versus fondos privados, reparto versus capitalización, subsidios versus ahorro individual. Todo eso importa, pero no basta. La pregunta de fondo es otra: ¿puede Colombia construir ahorro de largo plazo que proteja a las generaciones futuras?

Durante décadas, la economía pensó la vejez desde la hipótesis del ciclo de vida de Franco Modigliani: las personas ahorrarían durante sus años productivos para sostener su consumo en el retiro. La idea sigue siendo poderosa, pero Colombia muestra sus límites. Millones de trabajadores no tienen trayectorias estables, no cotizan de manera continua y no logran acumular lo suficiente. Aquí, el ahorro pensional falla porque el mercado laboral no produce suficientes vidas contributivas completas.

También fallan nuestras expectativas. La teoría económica supuso que los individuos podían anticipar racionalmente sus decisiones. Pero ¿qué trabajador puede prever, con treinta años de anticipación, inflación, rentabilidad, salud, empleo, longevidad y futuras reformas legales? La pensión existe porque el individuo no puede cargar solo con la incertidumbre del tiempo.

La economía conductual de Daniel Kahneman y Richard Thaler ayuda a entenderlo mejor. No decidimos intertemporalmente como calculadoras. Subestimamos riesgos, privilegiamos el presente y postergamos decisiones difíciles. Por eso las políticas pensionales necesitan instituciones que ayuden a ahorrar, reglas estables e incentivos claros.

Gary Becker permite añadir otra dimensión invisible: la familia. Cuando el sistema pensional falla, la familia se convierte en el verdadero fondo de pensiones informal. Los hijos sostienen a los padres, los abuelos financian hogares y muchas mujeres absorben cuidado no remunerado. Una reforma pensional no es solo fiscal o financiera; transforma silenciosamente las obligaciones entre generaciones.

En este punto vale mirar otros países. Noruega convirtió parte de sus rentas petroleras en un fondo soberano que invierte globalmente y protege la riqueza futura. Nueva Zelanda creó un fondo para prefinanciar su pensión pública. Australia constituyó el Future Fund para respaldar obligaciones pensionales. Suecia usa fondos públicos de amortiguación con reglas automáticas. Canadá, con CPP Investments, muestra cómo un fondo público puede operar con gobierno profesional y disciplina fiduciaria.

La lección no es que Colombia pueda copiar a Noruega. No tenemos sus excedentes petroleros, su institucionalidad ni su nivel de confianza. La lección es más exigente: los recursos de largo plazo requieren reglas de largo plazo. Si un país quiere proteger la vejez, no basta con redistribuir cotizaciones presentes. Debe construir patrimonio, gobernanza, independencia técnica y capacidad de inversión intergeneracional.

La reforma colombiana incorpora el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, administrado por el Banco de la República. Puede ser la pieza más estratégica y menos discutida de la reforma. Si se gobierna bien, podría iniciar una arquitectura pública de ahorro intergeneracional; si se gobierna mal, podría convertirse en una caja de tránsito. La diferencia está en sus reglas: cuánto acumula, quién decide las inversiones, cuándo se usan los recursos y qué tan protegido está de la presión fiscal y electoral.

Los riesgos son evidentes. Un fondo público grande puede ser capturado políticamente. Puede financiar déficits, comprar deuda pública o sostener promesas sin respaldo actuarial. También puede debilitar el mercado de capitales si reduce el ahorro que hoy canalizan los fondos privados. Colombia no necesita una ilusión contable; necesita una institución patrimonial.

Por eso el debate pensional debería elevarse. No se trata solo de decidir quién administra las cotizaciones. Se trata de definir qué generación pagará las promesas que hacemos hoy. Peter Diamond ha insistido en que los sistemas pensionales son contratos intergeneracionales imperfectos: solidarios con los adultos mayores de hoy, pero responsables con los jóvenes de mañana.

Colombia necesita ampliar cobertura y proteger a quienes envejecen sin ingresos. Pero también necesita preservar ahorro, cuidar la sostenibilidad fiscal y construir confianza. Una sociedad que envejece no puede financiar su futuro con la caja del próximo gobierno. Necesita convertir parte de su presente en patrimonio común. Tal vez el gran debate pensional no sea entre Estado y mercado, sino entre improvisación y visión de largo plazo.