Cada que surge el tema de gasto e inversión públicos en Colombia se hace alusión a, por un lado, la eficiencia en el gasto (es decir, cómo gastar bien); por otro lado, se hace alusión a la necesidad de aumentar el recaudo tributario. Todas estas discusiones se dan al tiempo que el gobierno y el congreso aprueban, año tras año, presupuestos públicos cada vez más abultados (cómo gastar más) los cuales requieren, lógicamente, más dinero. Curiosamente, casi ningún tomador de decisiones se aventura a poner sobre la mesa la posibilidad de reducir el aparato burocrático estatal: cómo gastar menos en funcionamiento.

Frente al tema de la eficiencia en el gasto, estamos de acuerdo en que el presupuesto general de la nación es rígido e inflexible, en tanto alrededor del 85% del mismo se encuentra “amarrado” por mandato constitucional y legal al pago de la deuda externa, de las mesadas pensionales y al sistema general de participaciones (transferencias del gobierno central a departamentos, distritos y municipios). Dicha rigidez imposibilita el ajuste del presupuesto frente a imprevistos y la implementación de políticas contracíclicas. A todo esto se le suma la triste realidad de que mientras más entes, funcionarios y “manos” haya involucrados en la transferencia y ejecución del presupuesto, más oportunidades hay para prácticas corruptas.

Sobre la necesidad de aumentar el recaudo tributario, aclaramos que un asunto es abogar por la eficiencia en el recaudo y otro diferente es el de abogar por la creación de nuevos impuestos. Desde Libertank, instamos a respetar el estado de derecho y a cumplir la ley.

Entendemos que el Estado se financia a través de los impuestos y que, en ciertos casos, la existencia de tarifas, tributos e impuestos es justificada.

Creemos que dichos impuestos deben ser recaudados de manera efectiva para que el Estado pueda cumplir sus funciones. Aclaramos, eso sí, que no estamos de acuerdo con la implementación de nuevos impuestos a los contribuyentes. Por el contrario, promovemos la reducción y la simplificación del complejo sistema tributario en Colombia como una necesidad para garantizar mayor libertad económica.

Dejando claro que suscribimos la necesidad de recaudar y gastar bien, proponemos abiertamente que Colombia debe gastar menos. También nos preguntamos por qué ningún dirigente se atreve a sugerir una reducción del aparato burocrático (tal vez suponemos la respuesta) a la vez que invitamos a los lectores a exigir esta propuesta a nuestros candidatos.

En 2017, el Estado creó y, por supuesto, aguó una “Comisión del gasto y la inversión pública”. Entre las recomendaciones contenidas en su informe final aparecen las acostumbradas propuestas de aumentar el recaudo e implementar un gasto más eficiente, pero no se alude en lo más mínimo a la reducción de entidades y/o funcionarios del gobierno nacional. Nos preguntamos por qué, y tras revisar la lista de integrantes de la comisión, suponemos también una respuesta.

Así mismo, al revisar el Presupuesto General de la Nación, observamos que hay una lista penosamente larga de entidades públicas cuyas funciones son redundantes con las de otras entidades y bien podrían ser llevadas a cabo por los ministerios. No hay ninguna ciencia infusa ni una ecuación matemática compleja para observar esto, sólo sentido común.