El Estado de bienestar es un sistema político que ha imperado en lo que podemos llamar “Occidente” desde hace unos 150 años. Su historia puede rastrearse desde la implementación de los famosos planes de seguridad social obligatorios en Alemania hasta los modelos más populares hoy día en Europa y América.

Es menester aclarar que los Estados de bienestar son diferentes de los Estados socialistas. En el socialismo, se planifica toda la economía a la vez que se busca que todos los medios de producción sean propiedad del Estado. Un Estado socialista intenta dirigir la producción de alimentos, vestimenta, vehículos, libros, tapabocas y todo, absolutamente todo lo demás. Un Estado de bienestar, en contraste, no necesita que la propiedad de todos los medios de producción sea del Estado, pero sí requiere que en algunos sectores de la economía haya una participación estatal significativa en forma de propiedad, regulación y control. Generalmente, esto sucede en sectores relacionados con el “bienestar” como lo son los servicios públicos, la educación, la salud, la vivienda y la recreación.

Adicionalmente, mientras un Estado de derecho se limita a crear condiciones pacíficas dentro de las cuales las personas son libres de definir cuál es su propio bienestar, un Estado de bienestar procura controlar el “estar bien” de su población. Es decir, asume la responsabilidad de garantizar estas cosas. Esto a través de, por ejemplo, monopolizar la prestación de los pagos pensionales de los jubilados; la prestación de servicios de salud y educación y la garantía de ingresos para todos los habitantes sin esperar ninguna contraprestación.

Así mismo, los Estados de bienestar son campeones en justificar masivas transferencias “de los ricos a los pobres” y en ignorar que los recursos que transfieren no los terminan disfrutando los pobres con exclusividad, o incluso, con preferencia, de los ricos. De variadas formas, sus alfiles victimizan a los pobres para manipular el sistema en su favor. Por ejemplo, los Estados que regalan “cupones de alimentación” y otros subsidios a la población, son los mismos que aumentan el precio de los alimentos que compran mediante subsidios agrícolas; o a través de aranceles a la importación de alimentos de mayor calidad y menor precio; o mediante la fijación de precios mínimos obligatorios a la comida.

El Estado de bienestar también se ha ganado el rótulo de moralista, puesto que es proclive a la promulgación de “leyes moralizadoras” para dirigir el comportamiento de las masas. Para la muestra, unos botones: la prohibición de la prostitución, la esterilización de los “degenerados” y la prohibición de bienes tóxicos. Con el paso del tiempo, las costumbres populares han cambiado y con ellas las normas moralizadoras del Estado. Sin embargo, el ímpetu de censurar, reprimir y “corregir” la moral se ha mantenido vigente.

Bueno o malo; deseable o indeseable; eficiente o ineficiente, el Estado de bienestar cuesta. Mucho, muchísimo dinero. Un país que legisle como un Estado de bienestar sin tener los recursos para financiarlo ni la capacidad de implementarlo no es ni socialista, ni de derecho ni de bienestar. Es, más bien, un país con modelo de nada, sin planificación y sin visión más allá de sus narices (o sea: más allá de las próximas elecciones).