¿Seremos capaces de mantener unos acuerdos básicos en nuestra política internacional y dejar para entrecasa las peleas domésticas? 0 ¿preferimos salir fraccionados al escenario mundial, demostrando que somos incapaces de ponernos de acuerdo para defender lo que es indudablemente nuestro? La división interna solo propicia una irremediable debilidad ante una comunidad internacional, que nos obliga a hacer todos los esfuerzos lícitos imaginables para recuperar la imagen de potencia moral que tanto nos enorgullecía.

Podríamos aprovechar la divulgación del fallo que próximamente dictará la Corte Internacional de justicia, para ir acostumbrando a la opinión púbica a mirar nuestra política exterior con la atención que merece. No podemos permitir que se hunda en medio de la indiferencia una decisión en la cual la Corte debe pronunciarse sobre materias que afectan gravemente nuestra integridad territorial y decidir sobre las más recientes pretensiones nicaraguenses.

Los colombianos no debemos olvidar, ni siquiera por un minuto, que estas pretensiones de Nicaragua son otra etapa de su inacabable litigio, para ganar territorio y mar nuestros en los despachos de jueces, insistiendo en que le adjudiquen más tierra firme, más territorio insular y más áreas marinas y submarinas, para conseguir títulos de propiedad que ni la geografía ni el derecho le reconocen.

La disputa ha sido larga, persistente y, para decirlo en el pulido lenguaje de los altos tribunales internacionales, llena de inexactitudes y argumentos que no corresponden exactamente a los hechos. Comienza desde antes de existir Colombia y Nicaragua como tales, con las cartas del Emperador Carlos V y las actuaciones de la Junta de Fortificaciones para Defensa de las Indias.

Pasa por la Orden Real de 1803 que coloca al Archipiélago como territorio de la Nueva Granada. Ahí debió terminar la controversia, y también cuando se estableció el principio del uti possideti juris como criterio para establecer los límites de las colonias que se independizaban de España.

La segunda etapa podemos situarla entre esta Orden Real y El Tratado Esguerra- Bárcenas, que también debía dar por terminada la controversia.
Colombia cede su largamente probada soberanía sobre la costa de Mosquitos y se le reconoce su soberanía sobre el archipiélago de San Andrés. Es una cesión de claros derechos a cambio de derechos inexistentes y, por tanto, no probados ni susceptibles de prueba, pues es imposible probar lo que no existe. Pero los colombianos pensaron que más vale un mal arreglo que un buen pleito.

Esta vez no resultó así. Nos quedamos con un mal arreglo y un mal pleito. Entramos en la nueva etapa de este camino de complicaciones, con una lista de litigios que parecen entrelazarse para sumar demandas, repeticiones de argumentos ya desechados, y repetidos intentos de ampliar territorios y aguas marítimas a costa nuestra.

Desafortunadamente no hemos logrado despegarnos de nuestra visión mediterránea. Tenemos costas sobre dos océanos, pero vivimos de espaldas a ellos, mirando hacia el interior y prefiriendo romper montañas portentosas a navegar en nuestras aguas.

En estos días no queda más remedio que esperar la decisión de la Corte Internacional y explicar cuanto antes la situación, para que los colombianos dimensionen la trascendencia del problema y evitar que los vecinos ambiciosos piensen que pueden seguir dándole mordiscos a muestro su mar, con la audacia que hasta el momento les produjo buenos resultados.

Es un tema prioritario en nuestra política internacional y así es preciso que lo vea y lo sienta hasta el último habitante de lo más recóndito de nuestro territorio. El suelo de la Patria es sagrado, nos pertenece a todos y todos debemos defenderlo. Su protección debe ser una fuerza centrípeta que nos aglutine por encima de diferencias domésticas de cualquier clase.