Esta semana se cumplieron 50 años de la guerra contra las drogas. Durante medio siglo, la cocaína ha sido el objetivo militar número uno de la guerra antidrogas, y los países productores, con Colombia en el epicentro, el principal campo de batalla.

Los resultados de esta guerra son tétricos, especialmente para nuestro país. En 2018, la Unodc proyectó una producción de 1.723 toneladas y 19 millones de consumidores de cocaína a nivel mundial-las cifras más altas de la historia. Con dos tercios de la manufactura, Colombia es de lejos el primer productor. Según Anif, el narcotráfico representa entre 3% y 4% del PIB-cerca del petróleo, que concentra el 5%. Por encima de todo, el enfoque confrontacional de la lucha contra las drogas ha empeorado la situación de comunidades vulnerables, dejando muerte y desplazamiento en los eslabones más frágiles de nuestra sociedad.

Un viejo refrán dice que ‘locura’ es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Para muchos, pensar en cocaína legal es inconcebible. Pero lo incomprensible es que, tras medio siglo de fracaso, sigamos apostándole a lo mismo. Una guerra de cinco décadas es una guerra perdida y, así nos incomode, la cocaína no va a desaparecer. El camino no es la militarización; Debemos diseñar una regulación legal, estricta y responsable que, basada en evidencia, reduzca los riesgos asociados a los mercados de sustancias psicoactivas.

Por ende, una regulación legal de cocaína no solo debe establecer reglas estrictas de juego, sino apuntar a minimizar los daños asociados al tráfico del alcaloide, quitándole el mercado a las mafias y dándoselo al Estado. Es importante hacer hincapié en el rol del Estado en la distribución de una droga de alto riesgo como la cocaína, ya que otorgarle pleno control a actores privados-motivados por intereses comerciales-podría incentivar el consumo, y lo que se busca con una regulación responsable es justamente lo contrario.
En ese sentido, el Proyecto de Ley 236 de los senadores Iván Marulanda y Feliciano Valencia es necesario, y es esperanzador que la Comisión Primera lo haya aprobado en primer debate. El proyecto plantea la legalidad de la cocaína con múltiples salvaguardas. Por ejemplo, establece que la cocaína no puede ser anunciada y que los consumidores solo pueden comprar hasta ciertos límites. Estas restricciones son fundamentales porque con la legalidad no se busca promover el consumo, sino reducir riesgos y, de paso, generar nuevos ingresos para el Estado.

Tras las recientes manifestaciones, tomó fuerza la idea de un nuevo pacto social. Parte esencial de ese pacto debe ser una nueva política de drogas que sea incluyente con las comunidades históricamente afectadas por la lucha contra las drogas. Es cierto que la gran mayoría del consumo se da en el exterior, pero es una gran contradicción pedirle al mundo que cambie su postura frente a las drogas sin ser capaces de hacerlo nosotros mismos. Debemos establecer principios para una reforma a nuestra política de drogas, como la reducción de riesgos, el derecho a las libertades individuales y el manejo del consumo como asunto de salud pública. Y debemos quitarle el miedo a hablar de drogas, basando nuestra conversación en la evidencia y dejando atrás los tabúes y la estigmatización.