Sobre la agricultura, la FAO estima que aporta US$2,4 trillones a la economía mundial, esto es un tercio del PIB, y ocupa el 33% de todos los empleos. Por su parte, el Banco Mundial considera que, además de proveer los alimentos que consumimos, es una de las herramientas más poderosas para aumentar los ingresos de las personas pobres y para combatir el cambio climático. Lo cierto es que a pesar de este impacto social y económico, el 78% de los 1.600 millones de pobres del mundo vive en zonas rurales.

Colombia no es la excepción y si bien su población urbana es mayor que la rural, las zonas rurales concentran la mayor parte del territorio. Aunque sabemos que el desarrollo agrícola constituye uno de los instrumentos más eficaces para poner fin a la pobreza solo estamos aprovechando 7 de las 44 millones de hectáreas aptas para cultivo. Esta situación no sería llamativa de no ser porque de los 11 millones de habitantes rurales, 4 millones son pobres. Esto significa que aunque en promedio el 27% de la población es considerada pobre en términos monetarios, la pobreza rural es del 36,1% mientras que la urbana es del 24,4%, lo cual representa una brecha preocupante.

La falta histórica de inversión pública y privada, la informalidad predominante en su economía, la ocupación territorial rural por parte de grupos armados al margen de la ley y la falta de políticas para estimular el desarrollo económico rural han sido los principales detonantes de esta situación. Por su parte, las empresas que intentan proyectos de diversificación agropecuaria, están enfrentadas a la falta de investigación, de tecnología, de créditos adecuados y de logística eficiente para alcanzar la excelencia exigida por los mercados externos.

No podemos seguir vendados ante el deterioro del campo, mientas el rápido crecimiento de la población mundial está generando un crecimiento acelerado en la demanda de alimentos. Colombia, como segundo país más biodiverso del mundo, por su riqueza hídrica y frontera agrícola disponible, sumada a su posición estratégica y a los tratados de libre comercio que tiene firmados, debería tener una posición privilegiada en el abastecimiento de esta necesidad.

Colombia debe aprovechar el buen momento de crecimiento económico y de mejoramiento reputacional que está viviendo para poner nuestro agro en boca del mundo. Pero debe hacerlo en concordancia con las exigencias del consumidor moderno que está exigiendo indicadores de sostenibilidad en el producto que compra. Ese es el foco que las políticas públicas para el agro deben tener, por medio de estímulos a la creación de empresas rurales que basen sus proyectos agrícolas en indicadores de sostenibilidad y de paz, tales como implementación de corredores biológicos, captura de carbono, protección de cuencas, generación de encadenamientos productivos y formalización de empleo a campesinos, excombatientes y víctimas, con alta participación de la mujer rural.

De otra parte, se requieren inversiones de impacto en bienes públicos, conectividad, educación y salud en la Colombia rural para revertir los indicadores de migración a la ciudad, consolidar procesos de reconstrucción rural, incentivar la renovación generacional y reactivar la economía lícita de esa otra Colombia históricamente olvidada.