En un acto de total responsabilidad y buen juicio, el Gobierno del presidente Duque decidió decretar el aislamiento preventivo obligatorio en el territorio nacional, consiguiendo así tiempo suficiente para preparar el sistema de salud de cara a la inminente expansión del covid-19. Ello trajo consigo el cierre casi total de la economía, una medida dura, pero en su momento necesaria que ha afectado a empresarios y trabajadores quienes con el correr de los días han visto sus negocios y puestos de trabajo cerrar o desaparecer.
Lo cierto es que el covid-19 llegó para quedarse, al menos hasta que gran parte de la población esté vacunada, o en su defecto haya desarrollado anticuerpos capaces de contrarrestarlo; esto requerirá de tiempo, que en un contexto económico como el actual es un caldo de cultivo para la profundización de pobreza y el retroceso social más fuerte en la historia de Colombia.
Salvaguardar la vida sigue siendo la prioridad, pero ahora resulta inequívocamente urgente brindar herramientas sociales y jurídicas a la economía para su pronta recuperación. En tal virtud, es necesario retomar discusiones profundas frente a la estructura del mercado laboral. La generación de puestos de trabajo y la recuperación de la productividad nacional deben ser los dos enfoques más marcados de cara a los cambios legislativos que se proponen en el corto plazo. Empecemos por discutir una manera que refleje mejor la productividad al momento de negociar el salario mínimo, avancemos en términos de capacidad de contratación con contratos más flexibles, pero que otorguen seguridad a los empleados, aligeremos la carga laboral no salarial de los empresarios, y dejemos que estos puedan regularse a sí mismos en los llamados “salarios emocionales”.
En síntesis, lo que se propone es una revisión de los actuales modelos de contratación y la rigidez que plantean los fueros excesivos. Para lograr el tan anhelado resurgir de la economía es necesario empezar a adelantar pactos fraternos entre empleados, trabajadores y estado que permitan la construcción de cimientos lo suficientemente fuertes para así darle aire al mercado laboral, creando mecanismos idóneos para salvaguardar por partes iguales los intereses de empresarios y trabajadores, y atacar definitivamente el profundo desempleo que nos azota.
No se trata de realizar cambios aislados en la legislación laboral, pero tampoco de introducir reformas que vayan en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores. Por el contrario, el Congreso debe canalizar esa importante discusión tripartita para lograr implementar esquemas novedosos, pero fraternos de generación de empleo que no solo sumen cargas para el empleador ni den vía a connotados abusos del derecho. La Wharton School de la Universidad de Pensilvania ya lo dijo claramente, la regulación no puede ser vista como un “job killer” o un “job creator” por sí sola, pero debe siempre tener en cuenta los costos netos que se imponen a las empresas, su impacto en la competitividad, y la dificultad que represente para su cumplimiento real. Ese es el camino para aplanar la curva del desempleo.