Las rentas ilegales dejaron de ser un asunto de seguridad para convertirse en una variable macroeconómica que distorsiona el crecimiento del país. Hoy afectan el precio del dólar, el recaudo fiscal, la inversión y la productividad. Su tamaño -entre 5% y 7% del PIB, al sumar narcotráfico, minería ilegal, contrabando, lavado de activos y extorsión- funciona como un “shock” en la sombra que altera los incentivos y desplaza capital y talento hacia actividades de alta rentabilidad ilícita y baja productividad social.

El narcotráfico continúa siendo el motor principal de esta economía paralela. En 2023 generó ingresos por US$15.300 millones, equivalentes a 4,2% del PIB, según el economista Daniel Mejía. Colombia concentra 67% de los cultivos de coca del mundo (253.000 hectáreas), y la producción global de cocaína alcanzó un máximo histórico. Estos flujos de divisas no registrados presionan la apreciación del peso, alimentan burbujas en sectores como el inmobiliario y reducen la efectividad de la política monetaria. Cuando entran dólares que no figuran en la balanza de pagos, la economía formal se vuelve menos predecible y el costo de estabilización recae sobre quienes sí pagan impuestos.

La minería ilegal es la segunda fuente de ingresos ilícitos. Está presente en 29 de los 32 departamentos y afecta más de 94.000 hectáreas. Se calcula que entre 10% y 15% de las exportaciones de oro están controladas por grupos criminales, generando utilidades de entre US$2.000 y US$3.000 millones. Con márgenes cercanos a 80%, resulta más rentable que muchas actividades legales. Además, el uso de mercurio ha contaminado ríos y suelos, dejando pasivos ambientales que asumen las comunidades y el Estado.

El contrabando representa otro agujero fiscal. Mueve entre US$6.000 y US$7.000 millones al año y provoca pérdidas de alrededor de US$1.500 millones en impuestos. En cigarrillos, 36% del consumo nacional es ilegal, generando un faltante de $1,03 billones para los departamentos. A esto se suma el lavado de activos, estimado en $12 billones anuales, que permite ofrecer precios artificialmente bajos y castiga a las empresas que cumplen las normas.

La extorsión -las llamadas “vacunas”- es el impuesto criminal más regresivo. Se registran unas 24 denuncias diarias, aunque la cifra real es mucho mayor. Desde vendedores ambulantes hasta transportadores, miles de colombianos pagan por poder trabajar. Es un fenómeno que desincentiva la formalización, destruye empleo y genera una sensación de indefensión generalizada.

El impacto de estas economías ilegales trasciende las cifras: distorsionan el tipo de cambio, debilitan el recaudo, drenan productividad y aumentan el riesgo país, elevando el costo del capital y frenando la inversión extranjera.

Enfrentar este problema requiere una estrategia integral: trazabilidad del oro con marcadores químicos y registro en tiempo real; aduanas inteligentes con analítica de riesgo; interoperabilidad entre la Uiaf, la Dian y la Superfinanciera para rastrear flujos ilícitos; y mecanismos de denuncia y seguro contra la extorsión para microempresas.

Con un PIB en sombras que reescribe precios e incentivos, Colombia no puede aspirar a crecer sin antes ordenar. La economía legal no puede competir con márgenes de 80% y tributación cero. O ganan las reglas, o perdemos todos.