La semana pasada estuvo marcada por varios episodios que buscaban atentar contra la propiedad privada, mismos que deben servir tanto de alerta como de disuasivo en el marco del proceso electoral que se nos avecina. El primero de ellos, dentro de la discusión de la Plenaria del Senado de la República, y la segunda con ocasión de la muerte de uno de los mayores industriales del país. En ambos casos el ataque directo a la propiedad privada va anudado a los fines electorales del próximo año, y sirven para identificar el verdadero talante de quienes pretenden generar indignación para traducirlo en votos y poder en 2022.
En primer lugar, durante la discusión de un proyecto de ley de nuestra autoría que otorga una plaza más amplia a la policía para proteger la propiedad privada y los bienes públicos tanto de las mafias de “tierreros” y de las invasiones ilegales, múltiples voces de la izquierda saltaron satanizando el proyecto, reduciendo en su argumentación el valor que tiene la propiedad privada en nuestro marco constitucional y legal, y legitimando pasivamente los actos violentos que despojan de la titularidad y la posesión de bienes inmuebles a los legítimos dueños.
En un caso aparte, cuando muchos aún celebraban la vida y obra del industrial colombiano Carlos Ardila Lülle, la izquierda recalcitrante empezó a destilar odio frente a una institución como lo es la herencia, tanto como derecho cómo masa que acrecienta el patrimonio; el odio es tal, que en redes sociales se alcanzó a ver pedidos, tanto de acabar con las herencias pecuniarias cómo críticas al capital social que se pasa de padres a hijos, o lo que es lo mismo, buscan socavar el derecho a recibir el dinero y propiedades de los ascendientes y prácticamente acabar con el apellido. Horroroso y peligroso.
Una y otra postura dan cuenta de lo pervertida que está la discusión política por estos grupos ávidos de poder; satanizar la propiedad privada en todas sus formas parece ser una forma interesante de avivar el fuego de algunas personas y votantes, pero la consecuencia es peligrosa, pues desconoce en esencia el valor del trabajo propio, el ahorro, la planeación, y la generación de empresa.
La propiedad en Colombia ya cuenta con una función social, sin embargo es ciertamente necesario que desde el Estado se generen las condiciones propias para que no solo se proteja la propiedad privada sino que más personas logren una acumulación de capital fruto de sus propios esfuerzos.
Nuestro compromiso con la protección de la propiedad privada es total, y no se circunscribe únicamente a los grandes capitales; todos los colombianos merecemos ser protegidos en nuestra propiedad. La transformación de nuestra sociedad no pasa por repartir riquezas ajenas al punto de empobrecernos a todos por igual, sino de la creación de una plataforma social que respete la creación de patrimonio, promueva la responsabilidad social empresarial, genere reinversión social, estimule el ahorro intergeneracional, y equilibre la cancha para que desde el pistolazo de salida, todos los miembros de la sociedad puedan plantearse sueños y alcanzar metas, fruto de sus propios esfuerzos.